Entender la soberanía de España, desde el sometimiento a los dictados de los mercados, las imposiciones del FMI o las pautas marcadas por Alemania o el BCE, para aplicar a la ciudadanía recortes en sus derechos básicos, sanidad, enseñanza, coberturas sociales, reformas laborales que nos trasladan a la prehistoria en cuanto a derechos conseguidos por los trabajadores, el paro, los desahucios, la creciente bolsa de pobreza.

La criminalización del derecho de manifestación, convirtiendo este aspecto en un agravio comparativo frente a indultos concedidos a la clase política o a ciertos directivos de la banca, o los largos procesos en casos de corrupción política que todos conocemos. La falta de responsabilidad política para asumir los muchos errores en su gestión.

El incumplimiento sistemático de lo prometido en campañas electorales para, no solo incumplir lo dicho sino para hacer todo lo contrario de lo propuesto.

La privatización de los beneficios de las obras faraónicas, y la posterior socialización del coste de sus ruinas. El despilfarro sin límites de la clase política, sus derechos en cuanto a pensiones, gastos suntuosos y cesantías, el mantenimiento económico de la realeza, en un país cada vez más mísero.

Esta es la forma más grave de romper España, porque constituye la eliminación del bienestar de sus gentes, y afecta a los derechos más elementales de las personas, por encima de cualquier símbolo o identidad.