UNA cierta saturación, el día a día, intereses cruzados y bastante desidia nos hace a veces perder perspectiva política. Por eso, de vez en cuando, conviene mirar atrás para poder proyectarnos hacia el futuro y que no nos metan gato por liebre. Hace cincuenta años, en Alemania, con presencia masiva vasca, se estuvo en lo que la dictadura llamó El Contubernio de Munich. Dirigentes del interior y del exilio se dieron la mano por primera vez. Sobre la mesa se pusieron tres demandas: Democracia en Europa, República y Autonomía para Euzkadi y Catalunya. No para Murcia, con todos los respetos. Este año 2012, el recuerdo del cincuentenario pasó desapercibido. Era lo que se buscaba. Que no se hable de estas cosas. Les deja en evidencia.

En 1976, Franco llevaba un año en el Valle de los Caídos, pero la estructura de su régimen, aunque podrida, estaba intacta. Designado presidente Adolfo Suárez, este buscó interlocutores en la oposición. Y había que elegir un vasco. Todos los partidos, salvo lo que sería HB, eligieron a Julio Jauregi para que les representara ante el poder central.

Julio Jauregi tenía una trayectoria acreditada. Había sido, en 1936, diputado con 26 años. Elegido junto a José Antonio Aguirre y Eliodoro de la Torre por la provincia de Bizkaia, no pudo ejercer su mandato. Unos militares felones se sublevaron en África. Un comprometido exilio lo había curtido. Era un negociador nato.

El 10 de diciembre de 1976, el presidente Suárez le recibió secretamente en Madrid. La ikurriña no estaba legalizada. Jauregi le trasladó dos demandas ineludibles: la amnistía total y la recuperación del Estatuto del 36. Fue un primer cambio de impresiones.

El 11 de enero de 1977, la fotografía de Felipe González, Antón Canyellas, Julio Jauregi y el monárquico Joaquín Satrústegui ante La Moncloa dio la vuelta al mundo. La reunión duró tres horas. Se trató fundamentalmente de la legalización de todos los partidos, de la salida de los presos y de la necesaria autonomía, haciendo una clara distinción entre nacionalidades y regiones.

Quiero resaltar que a esta primera reunión pública de la oposición con un gobierno todavía no democrático acudieron cuatro representantes. Un socialista, Felipe González; un liberal monárquico, Joaquín Satrústegui; un catalán, Antón Canyellas, y un vasco, Julio Jauregi. Y es que en ese momento solo había dos demandas de autogobierno. Solo dos.

Aquel enero fue el mes de la ikurriña, de la prohibición de la concentración de Etxarri Aranaz y de la actividad intensa de Jauregi zurciendo acuerdos y ganándose voluntades. Aquel mes de marzo, el PNV salía públicamente de la clandestinidad tras su Asamblea Nacional celebrada en Iruñea. Se aprobaron cuatro ponencias clave: política, organización, educación y cultura y economía y se renovaron todos sus cuadros. Terminó la misma con un gran mitin en el pabellón Anaitasuna. Fue el gran reencuentro. Julio Jauregi tomó la palabra y dijo:

- "No hemos ido a Madrid a hablar con el gobierno para negociar la amnistía. El PNV no necesita consejos de nadie y sabe que la amnistía no es negociable".

- "Estamos dispuestos a presentar querella criminal contra el Tribunal Militar de Burgos por incumplimiento del decreto real sobre la amnistía, por no haber enviado los testimonios de sentencia a la Audiencia Nacional".

- "La guerra de Franco y sus seguidores fue el delito de sangre más grandioso que conoce la historia".

Por esto último, casi le procesan.

Al poco, se abordaron estos asuntos en función de aquellas dos demandas que se le entregaron a Suárez en documento escrito el 3 de febrero de 1977. La comisión negociadora había pasado de cuatro a nueve: Antón Canyellas (UDC), Santiago Carrillo (PCE), Felipe González (PSOE), Francisco Fernández Ordóñez (socialdemocracia), Julio Jauregi (PNV), Valentín Paz Andrade (Galicia), Jordi Pujol (CDC), Enrique Tierno (PSP) y Satrústegui (liberales).

De aquel documento entresaco solo tres apartados:

1. La descentralización del Estado para adecuarlo a las exigencias que plantean el carácter plurinacional y plurirregional de España es una necesidad urgente impuesta por el propio proceso democrático, a fin de que su curso llegue a cubrir los mínimos de credibilidad a que aspira esta negociación.

2. Las fuerzas representativas de las nacionalidades podrán y deberán realizar una negociación paralela y complementaria con el Gobierno a fin de desarrollar con mayor amplitud y profundidad las exigencias que les son propias.

3. La Comisión Negociadora urgirá del Gobierno el restablecimiento de las instituciones emanadas del consensus popular en las nacionalidades catalana, gallega y vasca, o la creación inmediata de organismos que garanticen la recuperación o consecución de autonomías, en la confianza de que ello servirá para normalizar la convivencia ciudadana.

Estamos hablando de 1977. Nadie hablaba de Madrid como Autonomía. Nadie.

Con esta base, vino la discusión constitucional en 1978. Y allí se libraron, entre otras, dos batallas muy importantes. Una fue articular donde residía la soberanía nacional. Nuestra enmienda decía que esta residía en los pueblos que componen el Estado. Pero salió por acuerdo del PSOE, UCD y AP que la única soberanía residía en el pueblo español. Como si fuera uno, grande y libre. Se perdió la gran oportunidad, pero para paliar el mazazo se matizó diciendo que el Estado estaba compuesto por "nacionalidades y regiones". Ante ello, la derecha puso el grito en el cielo. A toda nacionalidad le corresponde una nación y esta, para ellos, solo puede ser la española. Sin embargo, la distinción salió. Ahí está intocada en el artículo 2.

Aquel debate fue muy intenso. Miquel Roca Junyent, en nombre de Minoría Catalana, hizo uso de la palabra para oponerse al voto particular presentado por el grupo parlamentario de AP. "Ha dicho Don Licinio de la Fuente (AP) -y quiero decir que en esto coincidimos plenamente y lo digo con toda sinceridad- que nacionalidades y nación quieren decir exactamente lo mismo. Es verdad, quieren decir absolutamente lo mismo". Más adelante añadió: "En el Derecho moderno, las naciones han tendido a confundirse con la realidad del Estado. Esto ha creado dos conceptos: el de la nación-Estado y el de naciones sin Estado. Estas naciones sin Estado es lo que ha venido en llamarse nacionalidades. (...) España es una realidad plurinacional".

A la derecha española aquello no le gustó. En la reunión de la Junta Nacional de AP celebrada el 30 de octubre de 1978, se debatió la actitud a adoptar ante el referéndum constitucional. Votaron en contra del Título VIII y acordaron mantener una severa crítica contra la inclusión del artículo 2 a cuenta de la palabra "nacionalidades" porque iba contra el principio de unidad de la nación española. Le dieron una importancia que hoy se la quitan o ignoran. Pero ahí está. Establece la diferencia.

Termino con dos conclusiones.

1. En tiempos de la República solo se aprobaron dos Estatutos. El catalán y el vasco. El gallego fue plebiscitado. La guerra lo impidió. Durante cuarenta años, solo la llama de esta reivindicación fue mantenida en Euzkadi, Catalunya y Galiza. Por nadie más.

2. Al inicio de la Transición solo había estas tres demandas. Posteriormente, la Constitución dejó claramente definida la existencia de "nacionalidades y regiones". El 23-F, la Loapa, la presión militar, la política de UCD, AP, PP y el PSOE, el café para todos han creado este Frankestein español del Estado de las Autonomías donde ya no hay naciones, ni regiones y donde no se ha querido abordar la asimetría y singularidad del Estado. Todo esto acaba de estallar y es insostenible y mientras no vuelvan a conectar con las demandas reales de la sociedad, como en 1978, este Estado comatoso, no saldrá adelante. O asumen que en este Estado solo hay tres naciones históricas y formulan un planteamiento confederal que dé salida a Cataluña, o lo ocurrido el pasado 11 de setiembre en Barcelona no hará más que crecer. Y la responsabilidad será exclusivamente de ellos. ¿Madrid nacionalidad? ¡Vamos hombre!