UNA buena parte de la sociedad vasca asiste perpleja al pulso que el colectivo de presos de ETA, con el apoyo público y expreso de la izquierda abertzale, ha lanzado al Gobierno de Rajoy. El órdago, formalmente protagonizado por el colectivo de presos y al que según parece seguirán otros, ha puesto en primer plano la figura de Iosu Uribetxebarria, condenado a 32 años de cárcel por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y enfermo terminal de cáncer, al que seguramente le asiste el derecho de salir en libertad como consecuencia de su estado de salud, pero al que jamás se le ha oído una sola referencia al tratamiento inhumano e indigno al que sometió a su secuestrado, y quien, por el contrario, reclama para sí la posibilidad de recuperar la dignidad que negó a su víctima. No se advierte en él ninguna intención de apoyar el final de la violencia, ni de trabajar activamente por la paz, ni de reconocer que con su actuación causó un daño injusto. Simplemente ha recurrido a su presunto derecho, y se ha limitado a colocar la pelota de la responsabilidad de su situación sobre el tejado del Gobierno, el cual tras varios días de incertidumbre le ha concedido el tercer grado penitenciario, decisión que parece anunciar su próximo paso a una situación de libertad condicional. Este pulso ha puesto en evidencia que el Gobierno de Rajoy, casi once meses después de la declaración de cese de la violencia de ETA, sigue sin diseñar y liderar una política decidida y resolutiva que encauce definitivamente la disolución de ETA, su desarme total y la reintegración social de sus miembros y siente en la nuca el aliento de todo el movimiento que alentó e impulsó su política del todo vale contra los gobiernos de Zapatero. Pero resulta mucho más difícil de entender la actitud de quienes tienen el problema sobre sus espaldas; aquellos que supuestamente buscan una solución para sus militantes encarcelados, pero lejos de dar los pasos necesarios para cerrar definitivamente el negro túnel de nuestra historia que ha supuesto el terrorismo de ETA, deciden convertir en bandera política el asunto de los presos y plantearlo en términos maximalistas que no hacen sino alimentar el impasse y alejar cualquier escenario de solución.