Pretende la Sra. Mendia que sean los propios abogados/as adscritos al Turno de Oficio los que se encarguen de la tramitación relativa a la concesión del beneficio de Justicia gratuita del ciudadano que así lo solicite, amén de tener que acreditar su supuesta insolvencia para cobrar sus honorarios profesionales.

Inaudito, Sra. Consejera. ¿Se imaginan Vds. a los médicos cirujanos de Osakidetza que se les obligue a practicar una operación a tener también que tramitar la solvencia del paciente para poder cobrar?

No, ¿verdad? Entre otras razones porque son funcionarios públicos, y sus emolumentos, sea el paciente rico o pobre, no se van a ver afectados.

Pues resulta que no va a ocurrir lo mismo con los abogados, a pesar de que son los obligados a soportar la carga del servicio público de acceso a la Justicia que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos.

¿Conocen Vds. algún médico, arquitecto, hojalatero, fontanero, electricista, mecánico, etc., de Oficio al que un ciudadano, sean cuales sean sus ingresos, no tenga que abonar sus honorarios de su propio bolsillo porque le paga el Estado?

Naturalmente que no, porque no existen. El de abogados (y procuradores) es el único colectivo que ha de soportar esa carga social, la de defender los intereses del ciudadano cuando carezca de recursos suficientes (en general, que sus ingresos mensuales sean inferiores al doble del salario mínimo interprofesional, casi 1.300 euros netos al mes).

Les puedo asegurar que en la actualidad son cientos (si no miles) los abogados/as cuyos ingresos mensuales no llegan a esa cifra, es decir, tienen menos ingresos que las personas a las que se ven obligados a defender. Y también les puedo asegurar que la inmensa mayoría de ellos se encargan del asunto encomendado con igual dedicación y profesionalidad que si de un caso de libre designación se tratara. Pues resulta que para la consejera Sra. Mendia eso no es suficiente, y también van a tener que emplear su tiempo en la tramitación del beneficio de Justicia para asegurar así su cobro de honorarios, con el riesgo añadido de que queden finalmente insatisfechos.

Comparto plenamente el parecer de mi decano D. Nazario Oleaga sobre este decretazo que la Consejería de Justicia del Gobierno vasco pretende imponer. Decreto en el que no solo se pretende reducir las compensaciones a los abogados-as por determinados asuntos, sino para colmo les obliga a efectuar trabajos administrativos que únicamente deberían ser realizados por el propio Departamento de Justicia, por sus técnicos y profesionales algunos de ellos también letrados/as, que naturalmente no van a ver afectados sus emolumentos con el decretazo de su superiora jerárquica. Una vez más, matar moscas a cañonazos.