LLEGÓ y pasó el Congreso de la Memoria y la Convivencia. La experiencia contuvo sin duda apreciables intervenciones, enriquecedoras experiencias y reconfortantes expectativas. Pero una iniciativa con tan sólido título merecía sin duda una mejor suerte en el regusto general de su desarrollo y en el poso final de su propio mensaje para la memoria de la sociedad vasca, aquella que se supone destinataria del mismo.

La experiencia, valiente en su enunciado, cayó en la obviedad de sus peligros. Incompleta en sus contenidos, con ausencias significativas en lo cualitativo y decididamente volcada hacia una determinada percepción de la realidad vasca en todo lo cuantitativo. Un congreso que debió orientarse eminentemente hacia la configuración de mínimos comunes denominadores éticos sirvió de marco a los más rancios y conocidos discursos de máxima división política. Desde el reforzamiento de una mirada unívoca hacia la experiencia multipolar y cruda de la violencia en Euskadi, hasta la simpleza del reproche criminalizador del nacionalismo vasco como idea, el congreso salpicó demasiado lo que de apreciable tenía como para que puedan extraerse de él bases para la generación de espacios de convivencia.

La ausencia de voces de contraste es siempre un error. Cuando además se sustituyen por otras que suman desde la afinidad ideológica hacia una determinada visión de la realidad que busca ser imperante pero no consensuada, es también una manipulación. En este sentido, no le falta razón a Maribi Ugarteburu cuando critica la ausencia de voces próximas a un sector sociopolítico determinado. Aunque el marco de la denuncia vuelve a preñarse de contenido propagandístico preelectoral cuando aprovecha la tirada para volver a cargar contra el PNV y le reprocha que se ha apartado de la Declaración de Aiete por sumarse a PP y PSOE en el acuerdo del Congreso. Si con ello se refiere al único acuerdo parlamentario en Madrid en relación a la situación política vasca que se conoce, hará falta mucha más explicación para entender cómo rechazar la pretensión de UPyD de ilegalizar a Amaiur es un ataque a los principios de Aiete. Porque si se refiere al anuncio del Ministerio del Interior sobre su política de reinserción difícilmente puede atribuírsele un pacto parlamentario a una iniciativa unilateral que no ha sido vista en la Cámara y a la que, en todo caso, se han reclamado medidas complementarias y más inmediatas desde la formación jeltzale.

Lo que sí se pone en evidencia es que no es la de la izquierda abertzale la única forma de hacer política de reconciliación y didáctica de la convivencia en la sociedad vasca y la española. Esto sí incomoda a su proyecto de concentración soberanista en torno a sí misma, en el que repite el modelo de no compartir sus consignas y gestionarlas en exclusiva (sean presos o pacificación o ponencias parlamentarias, como bien saben en sus carnes los ya exparlamentarios de Aralar). Sus terrenos de juego -con los presos y la legalización política de sus estructuras en vanguardia- no admiten matiz a la línea oficial y cualquiera que lo haga se sitúa en el terreno del enemigo político.

Volviendo al congreso celebrado en la sede de EITB, de su desarrollo sale un argumento de comparación, casi una consigna, que bebe de la experiencia internacional. Era cuestión de tiempo que se acuñara una fórmula alternativa al discurso de insistente referencia al modelo irlandés. Si este no se desarrollaba adaptándolo a las realidades vascas y al perfil específico del fenómeno violento asociado, alguien iba a buscar más pronto que tarde un modelo alternativo. Hoy se mira a Italia, aunque su propia experiencia en materia de liquidación del fenómeno terrorista carezca del mínimo vínculo equiparable a la situación vasca, como se reprocha a la vía irlandesa.

La presencia de Adriana Faranda ha aportado la reflexión de quien pasó de compartir la estrategia revolucionaria violenta de las Brigadas Rojas en la década de los 70 del pasado siglo a admitir que el derramamiento de sangre y la práctica del terror como estrategia política no solo no tenían visos de éxito, sino que la alejaban de los principios en el nombre de los que mataba. Esa es una reflexión fundamental en materia de convivencia y debería ser un principio ineludible de la memoria común más allá de quién acuñe el relato de la misma. De su intervención pretenden fortalecerse quienes confrontan el modelo italiano de reinserción -consistente en alejar individual y voluntariamente a los presos de las estructuras dependientes de la banda- de la pretensión del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK) de obtener una reinserción conjunta. La disociación a la italiana no parece, sobre el papel, divergir en exceso de la ya practicada vía Nanclares, cuya práctica ha ofrecido notables efectos puntuales pero insuficientes para considerarla una solución general por sí misma. En cualquier caso, veremos en el futuro contraponer en el rifirrafe dialéctico la vía italiana a la irlandesa con toda probabilidad.

Con todo, si alguna virtud podía salir del Congreso sobre Memoria y Convivencia en términos de aportación apreciable como mensaje a la sociedad vasca en términos de conciliación, la gestión política y su proyección mediática acabó de frustrarla con el broche dado por el ministro de Interior. La intervención de Fernández Díaz situó los mensajes que reverberan en el aire como colofón a una semana de aportaciones, la política penitenciaria y la reforma legal para que puedan votar en Euskadi quienes la abandonaron por causa de la amenaza de ETA. E insisto en que entre las intervenciones de esa semana también hubo varias bienintencionadas y apreciables que, sin duda, merecieron mejor suerte a la hora de verse proyectadas al gran público. Sin embargo, se vieron, junto a todo lo demás, incluyendo a la propia Consejería de Interior del Gobierno vasco organizadora del evento, sometidas al rigor de los titulares que el ministro traía en el bolsillo como regalo final a Antonio Basagoiti, cuya paternidad de la citada reforma legal en ciernes es reconocida.

Así que, donde debió salvaguardarse un claro mensaje ético en términos de respeto a las ideas y conformación de una memoria común desde las memorias individuales; de construcción de un modelo de convivencia desde el mínimo del respeto a la integridad física y de las ideas, hemos sacado una polémica política. De qué modo se conforma jurídicamente el sufragio activo en términos de derecho privativo de un colectivo ciudadano limitado es algo que se me escapa. Al menos si no es en términos de agravio con el derecho de otros colectivos ciudadanos igualmente desplazados contra su voluntad fuera de Euskadi por otros motivos. Como se me escapa el procedimiento de identificación y validación de los titulares de ese nuevo derecho. Creo que hay organizado un congreso de sabios para determinarlo. Les deseo mejor suerte.