El empleo (des)protegido

No podemos ignorar que en el seno de estos negros presagios existen colectivos particularmente vulnerables al desempleo -y a otras circunstancias de la vida- que además lo van a sufrir en una situación social de silencio e incluso de invisibilidad. Colectivos que corren el riesgo de no ser protegidos ni por la acción de las administraciones ni por las acciones reivindicativas de las organizaciones sindicales. A ellos les debemos una especial protección.

Destaca de forma relevante el colectivo constituido por los discapacitados, con distintos grados de intensidad, resultando más quebrantados los derechos de aquellos que poseen específicas dificultades de integración en el mercado de trabajo y de desarrollar una vida autónoma: los discapacitados psíquicos y sensoriales, los enfermos mentales, los autistas con un espectro superior al 33% o los discapacitados físicos con un porcentaje del 65% de discapacidad reconocida.

Estas reflexiones que presumíamos compartidas por la sociedad en su conjunto se han visto desvirtuadas con una reforma laboral en trámite, que ignora palmariamente toda la problemática ateniente al acceso al empleo de los discapacitados, generándose una gran sorpresa e inquietud en la sociedad y particularmente en los colectivos concernidos.

Se ignoran los requerimientos del Comité Español de Representantes con Discapacidad (CERMI), de Lantegi Batuak, los requerimientos de la mayoría de los grupos parlamentarios en las negociaciones prelegislativas y se ignoran los más elementales requerimientos de la justicia social que, en el ámbito de la discapacidad, deben basarse en medidas de discriminación positiva ya avaladas por declaraciones de las Naciones Unidas, por la Constitución española, por la jurisprudencia constitucional y por normas de desarrollo constitucional sistemáticamente incumplidas, como la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

El empleo protegido existe desde la aprobación de la LISMI en 1982 y los Centros Especiales de Empleo (CEE), como específica manifestación del empleo protegido y vinculados a la promoción o integración al mercado de trabajo de personas con discapacidad psíquica, enfermos mentales o autistas y discapacitados físicos y sensoriales con una discapacidad severa, fueron ya previstos en la LIONDAU y en la Ley del 2009 sobre la no discriminación en materia de empleabilidad.

Desde el año 2009, en un mercado de trabajo cada vez más constreñido y con unas perspectivas inciertas -por no utilizar la expresión más certera de socialmente insoportables- los CEE de interés social se han erigido en la única vía que ha posibilitado el acceso al empleo de los discapacitados mencionados anteriormente, mediante mecanismos de promoción institucional consistentes en subvenciones equivalentes originalmente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional y posteriormente al 75% del mismo.

Con estas fórmulas de promoción pública de esta modalidad de empleo protegido se ha conseguido consolidar el empleo de más de 56.000 discapacitados, además de cumplir los requerimientos del artículo 49 de la Constitución española y particularmente de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la que se enfatiza el empleo como fórmula particularmente relevante para posibilitar su integración social. Estamos abordando, por tanto, la problemática de 56.000 personas, el drama de 56.000 familias, sin olvidar que desafortunadamente no todos los discapacitados que hemos citado pueden ingresar en los CEE. Es más, cada vez pueden ingresar menos personas dadas las dificultades que afectan a la competitividad y penetración en los mercados de los productos elaborados o de los servicios prestados por estos centros ante la contracción general de la demanda provocada por la crisis económica que padecemos.

Para colmo de males, en el año 2011 desaparecieron las ayudas institucionales a los Centros Especiales de Empleo de protección social, provocando un futuro particularmente incierto para la continuidad de los mismos y para el empleo generado, que en el ámbito de la discapacidad se aproxima al 75% del total del colectivo. Lamentablemente, lo anterior es así a pesar de haber acreditado los CEE una gran capacidad de resistencia a los envites de la crisis económica como se indica en el informe Olivenza en donde se manifiesta "que los CEE han demostrado una versatilidad superior a las empresas ordinarias para el mantenimiento del empleo, para la diversificación de sus actividades, para la incorporación de nuevas tecnologías y para la adecuación de sus estructuras mediante la complementación de las actividades de unos con los otros".

Pero se atisban esperanzas a efectos de la recuperación de la subvención del 75% del SMI (congelado, por cierto), y el mantenimiento del empleo en los Centros Especiales de Empleo de interés social y en todos los demás. El Grupo Vasco EAJ-PNV presentó hace dos semanas una interpelación al Gobierno de la que dimanó una moción que afortunadamente fue aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el pasado 6 de marzo, por la que se insta al Gobierno a recuperar dichas subvenciones.

Nuestro partido y grupo parlamentario ha intentado cumplir no solo con los pronunciamientos normativos ya enunciados, sino también con los requerimientos más elementales de la justicia social en relación a los discapacitados, mantener sus posibilidades de integrarse en el mercado de trabajo, aún en una situación de profunda crisis económica y de aguda constricción de oferta de empleo de la que hubieran resultado paganos fundamentalmente los colectivos más vulnerables y en su seno los discapacitados.

No pueden ignorar las administraciones públicas a la hora de configurar el destino de sus menguantes recursos en materia de fomento del empleo que hay personas quienes, por estar en situación más onerosa, lo pueden necesitar más que otras. Este es el verdadero sentido del principio de igualdad.