EL planteamiento realizado por el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, a PNV y PSE para afrontar de forma conjunta los pasos a dar en el camino final hacia la paz y su posterior puntualización de que no pretende excluir a nadie, aunque de momento lo haga con la izquierda abertzale; y la defensa por el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, de una habilitación parlamentaria que respalde al presidente español, Mariano Rajoy, en la búsqueda del final definitivo y sin retorno de la violencia pueden enredarse en el debate mediático pero no suponen propuestas antitéticas sino más bien complementarias. Aunque desde el Partido Popular se busque una gestión de los tiempos que le permita mantener el lento viraje que ha comenzado en lo que ha venido denominando como política antiterrorista por evitar cualquier repercusión electoral -en Andalucía, por ejemplo-, o fricciones con el ala más ultraconservadora de la derecha estatal, tanto Basagoiti como Rajoy son conscientes de que en el horizonte de la agenda de la paz están ya tanto la participación política normalizada de la izquierda abertzale -quizás a partir de la que dicen inminente resolución del Tribunal Constitucional sobre Sortu- como la paulatina modificación de la política penitenciaria hasta eliminar cualquier consideración de excepcionalidad punitiva sobre los presos de ETA, aunque sea de manera individualizada. Son conscientes también de que una habilitación parlamentaria como la propuesta por Urkullu, que contaría con un respaldo aún notoriamente más amplio que la lograda en 2005 por José Luis Rodríguez Zapatero, supondría una legitimación ante la sociedad española de las iniciativas a emprender por el Gobierno e incluso limitaría la capacidad de crítica de los sectores más reticentes, también dentro de las mismas filas del PP. No hay que descartar que para ello sea necesario previamente un diálogo multibanda entre la que es la primera fuerza política de Euskadi y los representantes en nuestro país del partido que gobierna en el Estado y el principal partido de la oposición a este para allanar las lógicas divergencias entre formaciones políticas, un diálogo que de hecho ya está produciéndose y en el que antes o después debe participar de forma directa también la que por apoyo social es la segunda sensibilidad política en Euskadi, pero es exigible en cualquier caso que no se utilice dicho diálogo como excusa para retardar la toma de decisión sobre las iniciativas con que desde el gobierno y las instituciones se puede contribuir a sellar definitivamente el fin de la violencia solo porque, como ha reconocido de modo implícito el propio ministro del Interior, ese momento hará aún más evidente el problema político de relación entre Euskadi y el Estado español.