LOS esfuerzos del Gobierno de Patxi López en eludir una respuesta sobre el hecho constatado de que el pasado diciembre se ordenara a sus departamentos bloquear los pagos de partidas consignadas a los presupuestos de 2011 para imputarlos a los del nuevo ejercicio en curso y maquillar así el déficit, llevan a concluir que el Ejecutivo pretende -bien que inútilmente- omitir ante la sociedad los detalles de su calamitosa gestión y los efectos de la misma en la hacienda pública. Dicha actitud, premeditamente oscurantista tanto en la primera persona de quien preside el Ejecutivo como por la vía interpuesta de su portavoz Idoia Mendia, traspasa los límites que la democracia concede a la responsabilidad gubernamental: aunque stricto senso solo pueda ser juzgada por la propia democracia, esto es, vía electoral; se instala en la difusa diferencia entre la omisión de la verdad y la falsedad, punible esta última en un gobernante. Pero siendo este motivo sobrado para conminar a una rectificación pública, que dicha pretensión de ocultar la realidad a que el gobierno aboca al país incluya la tentativa de confundir mediante la infundada acusación a otras instituciones y el desesperado intento de descrédito de los medios de comunicación agrava dicho proceder hasta límites incompatibles con un cargo público. El ataque a la imagen de Euskadi no lo protagonizan quienes ofrecen a la sociedad una información contrastada sobre la ineficiencia del Ejecutivo López, como pretende demagógicamente Idoia Mendia, sino precisamente los responsables del gobierno al que Mendia representa, quienes a través de su manifiesta incapacidad ponen en cuestión y riesgo la solvencia que durante décadas ha consolidado nuestro país. Más aún, la portavoz del Gobierno López, en su afán por ocultar el incumplimiento de preceptos sobre gasto público (arts. 31.1.2 y 40.1 de la Constitución, por ejemplo) manipula la realidad y trata conscientemente de restringir, entre otros, el derecho a informar que estipula la propia carta magna (art. 20.1.d), vulnera el espíritu de la labor informativa que se contempla en la exposición de motivos de la Ley 2/1997 de 19 de junio reguladora de la clásula de conciencia de los profesionales de la información, quiebra uno de los principales deberes explicitados en la Resolución 1003 del Consejo de Europa sobre ética del periodismo y obvia que la labor de los medios "debe servir como control del poder", según el quinto de los nueve principios fundamentales del periodismo acordados por el Comittee of Concerned Journalists. Esto significa que, en su absurdo intento de coartar nuestra responsabilidad y compromiso con la sociedad vasca y con Euskadi a través de la información veraz, Mendia y López no reparan en que sobrepasan incluso aquel último límite de la mentira pública. Y que hacerlo, en el país normalizado que ellos mismo dicen pretender, debe conllevar su dimisión inmediata e inexcusable.
