Elecciones, contraste y democracia

EL formato en que se han acordado los debates televisivos electorales -habría que decir el formato en que socialistas y populares han acordado los debates- con la exclusión en el primero de ellos de los cabezas de lista al Congreso por el resto de los partidos y coaliciones y la no asistencia al segundo de los dos candidatos que monopolizaron en exclusiva el primero, aunque sí de representantes de sus respectivas candidaturas, es en realidad una limitación palmaria de la igualdad de oportunidades que, en democracia, debe respetar cualquier cita electoral. Más si se trata de la elección de los representantes en las cámaras legislativas y no de unas elecciones presidenciales. En primer lugar, que dos únicos candidatos acaparen medios públicos de comunicación -los medios privados responden siempre a sus propios intereses a pesar de que estos no siempre son suficientemente conocidos- ya limita la capacidad del resto para disputar la posición que actualmente ocupan los dos principales partidos del arco parlamentario. Es decir, protege y fomenta el bipartidismo, condicionando por tanto la oferta y el verdadero alcance de la democracia a través de la capacidad de control mediático público y privado que ejercen los partidos. En segundo lugar, si además ambos candidatos pactan entre sí el modelo y formato del debate, los temas a tratar e incluso los que no se van a tratar, el fraude democrático de la exclusión de otras opciones se ahonda al ocultar a los ciudadanos, es decir, a los votantes, ámbitos de discusión y discernimiento -por ejemplo, el autogobierno en Euskadi- que precisamente por no interesar a los dos candidatos servirían a la sociedad para hacerse un retrato más fiel de la oferta política que pretenden presentar (o en su caso ocultar). Un debate limitado tanto en su protagonistas como en su temario veta el contraste político e incumple el primero de los objetivos por los que precisamente se idearon los mismos debates electorales, sean presenciales o televisados: dar a conocer a los candidatos y sus programas y fomentar de esa forma la implicación y participación en los procesos electorales. Si además el acuerdo de dos partidos relega al resto de las formaciones del arco parlamentario a un segundo debate en el que sus candidatos principales ni siquiera participan, solo puede entenderse que discriminan y faltan al respecto al resto de las opciones políticas al otorgarles una consideración menor en el interés de la ciudadanía que en sentido estricto no es comprobable por cuanto esta aún no se ha expresado al respecto. Y también vuelve a hurtar el contraste de la verdadera valía de los candidatos socialista y popular frente a quienes aspiran a ser o en ámbitos más concretos son alternativa, lo que impide a la sociedad un juicio político fehaciente y contribuye de modo peligroso -especialmente en plena crisis económica- a restar credibilidad a los políticos y al propio sistema democrático.