Un plan para los presos

EL nuevo tiempo político que se ha abierto en Euskadi tras el anuncio de ETA de que cesa de forma definitiva su actividad armada es, además de una gran noticia para toda la sociedad vasca, una gran oportunidad para normalizar la convivencia. Pero ello precisa de pasos necesarios para consolidar ese cese armado y conseguir la paz definitiva. La Conferencia de Paz celebrada en Aiete y que se convirtió en la antesala -tal vez necesaria dentro de la escenificación prevista por la izquierda abertzale- de la declaración de ETA ya advertía de la necesidad de dar pasos para restañar las heridas de las consecuencias del conflicto: "Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales", dice el texto en su punto tercero. Habrá, en efecto, que dar muchos pasos, con la prudencia pero con la ambición que merece la ocasión histórica. Pasos que tienen que ver con el reconocimiento y reparación de las víctimas -incluyendo el reconocimiento del dolor causado- y con un cambio hacia una política penitenciaria más humanitaria y respetuosa con los derechos humanos. Hasta ahora, el Gobierno español había negado públicamente cualquier alteración en la política que lleva a cabo con los presos de ETA, convertida desde hace años en una parte de la política antiterrorista. Sin embargo, parece que algo está cambiando también en este terreno tras la constatación de que ETA ha abandonado la violencia. De hecho, tal y como publica hoy en exclusiva DEIA, el Ejecutivo español, con la aquiescencia del Partido Popular -que puede ser el próximo inquilino de La Moncloa- ha diseñado un plan en cuatro fases que pasa por una serie de acercamientos y excarcelaciones de presos a Euskadi. Esta hoja de ruta comenzaría con los presos enfermos, especialmente los que están en un estado más delicado. Posteriormente, correspondería el turno a los presos preventivos con delitos menos importantes para pasar después a los internos sin delitos de sangre. Finalmente, y esta sería la parte más delicada del plan y que además debería abordar el nuevo gobierno que salga de las urnas del 20-N, se trataría de abordar el caso del más de un centenar de presos con delitos más graves, para los que se prevé estudiar cada caso de forma individualizada siguiendo el modelo que se puso en marcha en Irlanda del Norte y que dio buenos resultados. En definitiva, lo importante es que hay un diagnóstico y un plan -como siempre, discutible- para abordar la situación, que parece ser compartido tanto por el PSOE como por el PP y, por tanto, tendría continuidad. Lo que es evidente es que las elecciones y el largo proceso para la formación del nuevo gobierno no pueden paralizar los pasos para avanzar. Consolidar el escenario de paz es una prioridad que debe ser compartida.