La asimilación del proceso

POR primera vez en décadas, más allá incluso del medio siglo de existencia de ETA, no se cierne sobre la sociedad vasca ninguna amenaza de violencias pretendidamente basadas en motivaciones ideológicas ni derivadas del no resuelto conflicto de identidades nacionales que confronta a la mayoría social de Euskadi con la sempiterna y por superar vocación unitaria del Estado español. Finalizado ese estadio violento, se antoja lógico que asimismo se supere toda la parafernalia legal y el aparataje jurídico-político con el que, so pretexto de luchar contra determinada violencia, se han limitado y/o conculcado derechos básicos contemplados en el propio orden constitucional y en la legislación internacional rubricada por el Estado y que, por tanto, obliga a éste. La exigencia, pese a ser evidentemente previa en cuanto que se trata de contemplar principios fundamentales de la democracia que nunca debieron ser restringidos, se fortalece en su base ética con la desaparición de la violencia que dio lugar a dichas medidas, carentes en cualquier caso de justificación. Se trata, en realidad y una vez cumplimentado por ETA el primer punto de la Declaración de Aiete realizada por representantes de la comunidad internacional ("cese definitivo de la actividad armada" y "petición de diálogo a los gobiernos español y francés para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto"), de cumplimentar el segundo al "dar la bienvenida" a ese diálogo y suprimir situaciones que se mantienen en virtud de una legalidad excepcional -la ley, cuando es excepción, puede ser ley pero difícilmente es justa- y que en consecuencia se alejan de los principios universales de participación política, en el caso de la denominada Ley de Partidos, y de la reinserción social, en el de las políticas penitenciarias de aplicación exclusiva. Mantener la exclusión política de una parte de la sociedad vasca una vez que toda ella ha acatado los requisitos jurídicos y éticos imprescindibles sólo podría responder a intereses de control del poder político y de grupos de presión que poco o nada tienen que ver con los de la ciudadanía y sería insostenible desde el punto de vista democrático. Impedir mediante la prolongación de mecanismos de ingeniería legal el regreso a la sociedad de los reclusos que han cumplimentado sus penas o se encuentran en situaciones de exención de las mismas contempladas en el resto de los casos en el régimen penitenciario sólo restaría credibilidad a la voluntad de acabar con las "consecuencias del conflicto" y situaría al Estado en el mismo nivel de inhumanidad que, con razón, ha achacado a quienes han venido utilizando métodos violentos. Todo ello sin menospreciar que, como ha sucedido con ETA y pese al giro, ya notorio, de ciertos posicionamientos políticos, la superación por el Estado de esas "consecuencias" precisa de un proceso de asimilación.