eN pleno debate estival sobre la conveniencia o no, sobre la posibilidad o no, de que el presidente del Gobierno español, en virtud de la potestad del cargo que aún ostenta, decida convocar las próximas elecciones generales, previstas para marzo de 2012, con cuatro meses de antelación, es decir, en noviembre; y las causas que pueden inclinar a José Luis Rodríguez Zapatero a mantenerse, o no, cuatro meses más al frente del Ejecutivo; la dependencia de la gobernabilidad del Estado de la responsabilidad institucional, no en pocas ocasiones a regañadientes, de los nacionalismos vasco y catalán ha vuelto a alimentar interesadamente la posibilidad de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 28 de enero de 1985, aun a pesar de que su última modificación ha visto la luz a inicios de este mismo año. Ese discurso, que se alienta especialmente desde un sector del Partido Popular y sus voces mediáticas, pero que encuentra acomodo también en algunos ámbitos socialistas y en las necesidades de otros partidos o coaliciones de cada vez más escasa penetración electoral; pretende explicarse en virtud de lo que denominan "las concesiones" que el Estado, a través de su correspondiente ejecutivo, se ve forzado a realizar a Euskadi y Catalunya en materia de autogobierno en contraprestación a los apoyos parlamentarios de los nacionalistas. Y no es casualidad que dicho discurso resurja durante esta inacabada legislatura en la que la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno Zapatero ha supuesto para Euskadi, a través de la capacidad negociadora del PNV y a pesar de la inacción en la materia del Gobierno que preside Patxi López, desde el llamado blindaje del Concierto Económico a la denominación oficial de los Territorios Históricos pasando por y entre otros, los 197 millones de inversión en proyectos de I+D+i en Euskadi, el impulso de la Y vasca o el acuerdo de cierre de transferencias que completará, 33 años después, el Estatuto de Gernika. Como tampoco lo es que desde esos mismo foros se enarbole ahora, con el fin de encauzar una limitación competencial, la deuda pública de las comunidades autónomas y la duplicidad de servicios artificialmente creada para minimizar la diferencia de las nacionalidades históricas a través del café para todos que pretendía una falsa homogeneización de la estructura del Estado. Lo que subyace en el fondo es la ya incuestionable resistencia de España, a través de sus correspondientes gobiernos e independientemente de la adscripción ideológica de los mismos, no ya a permitir que sus poderes realicen una lectura amplia y no encorsetada de la propia estructura legal sino incluso a que interpreten y cumplan estrictamente lo que se legisló en su día y en su día fue aprobado por una mayoría de la sociedad. Subyace, en definitiva, una profunda incomprensión de principios básicos a la democracia que el propio Estado pretende.
