LA propuesta trasladada por Patxi López a los diputados generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, José Luis Bilbao, Martín Garitano y Javier de Andrés; en la primera reunión de las más altas instancias institucionales de la Comunidad Autónoma Vasca tras las elecciones municipales y forales del pasado mayo presenta en su parte conocida una carencia sustancial de partida, un exceso competencial y un error de planteamiento o, en su defecto, una interesada ocultación a los ciudadanos de la realidad del alcance de lo propuesto. La carencia de partida radica en la parcialidad de la misma. La primera reunión de quienes regirán en el futuro inmediato las cuatro principales instituciones del país debía servir siquiera para proyectar las vías de recuperación y salida de la crisis y arbitrar las políticas y mecanismos que impulsen la economía a través de la colaboración con los sectores estratégicos y se ha limitado a un planteamiento de reforma fiscal y, a lo sumo, de recorte en los servicios sociales. Es decir, a un mero cálculo de ingresos y gastos que únicamente se explica por la lógica preocupación del Gobierno vasco ante su propia incapacidad de gestión tras haber multiplicado el endeudamiento. El exceso competencial es si cabe aún más claro por cuanto el Ejecutivo que preside López es inhábil para dictaminar la política fiscal que deben implantar las diputaciones y, en su caso, cualquier reforma de la misma debería estudiarse conjuntamente -y no en un formato de tres reuniones distintas y consecutivas que únicamente buscaban el efecto de la imagen- en el Órgano de Coordinación Tributaria tal y como marca la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal. El Gobierno vasco puede, y quizás debe, plantear en privado a las instituciones forales su opinión al respecto, pero no tratar de imponerla por la vía de la filtración interesada. En cualquier caso, es a través de la misma que se puede deducir en la propuesta de Patxi López errores de planteamiento o de percepción del alcance de las medidas que se plantean. En primer lugar, no se trata de una reforma fiscal que afecte únicamente a las rentas más altas, sino que se extiende a una gran mayoría social a través de la eliminación de las deducciones por vivienda, en planes de pensiones o por edad, y del aumento de los tipos impositivos de las transmisiones patrimoniales, las sucesiones y los documentos notariales. En segundo lugar porque en lo que sí afecta a los grandes patrimonios, únicamente provocará una deslocalización de tributaciones con el consiguiente efecto negativo en la recaudación. Y en tercer lugar porque, como ya ha apuntado el nuevo presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, una mayor presión impositiva y una reducción de las deducciones por inversión, I+D o creación de empleo no facilitarán, sino todo lo contrario, la reactivación económica.