LA dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, dos meses menos dos días después de haber liderado al PP y vencido en las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana el pasado 22 de mayo, no es sino la consecuencia lógica y directa, aunque no última, del auto que el pasado 6 de julio dictó el juez instructor nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, por el que se le abría juicio oral debido a un posible delito de cohecho a raíz del conocido como caso de los trajes tras hallar indicios de que el presidente valenciano habría incumplido sus obligaciones como servidor público al aceptar prendas de vestir por valor de 14.000 euros y en el supuesto de que dichos regalos se hicieron a cambio de favores en su ejercicio del gobierno dentro de las ramificaciones de la conocida como trama Gürtel. En este punto, salvo que Camps asumiera el delito ante el tribunal -como han hecho su exvicepresidente, Víctor Campos, y el exjefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret- y en consecuencia los costes políticos de haber mentido pública y reiteradamente al respecto, incluyendo en esa mentira alguna declaración judicial anterior, la renuncia de Camps era inevitable. Y no, como se afirma ahora, por mantener su inocencia (por momentos ayer sus abogados apoyaban la asunción de culpabilidad) o por contar con una mayor libertad de acción en su defensa legal, sino por dos motivos fundamentales. Por un lado, la posibilidad de que su imagen sentado en el banquillo de los acusados, que previsiblemente llegará en otoño, se produzca en plena campaña de las generales si finalmente se produce el adelanto electoral, con el consiguiente perjuicio para las pretensiones de Mariano Rajoy y el PP de alcanzar una mayoría absoluta. Por otro, aunque relacionado, que su asunción de culpabilidad, tras las de Campos y Betoret, dejaría a Ricardo Costa ante la tesitura de seguir el mismo camino -de no hacerlo el juicio se hubiese celebrado igualmente y con igual coste electoral-, más sencillo para él ya que no formaba parte del gobierno cuando se produjo el presunto delito, pero mucho más intrincado para el PP por cuanto dificultaría la defensa de Costa, ex secretario general del PP valenciano, en el proceso por financiación ilegal del partido en Valencia y, en consecuencia, abriría la puerta a un cuestionamiento de las finanzas generales del partido y a las posibilidades en las generales de Mariano Rajoy. Ese hilo, más incluso que el esencial apoyo del PP valenciano a Rajoy para que este lograra la presidencia del partido, explica también el empecinamiento con que los populares mantuvieron a Camps como candidato a reeditar la presidencia de la Generalitat a pesar de las evidencias que anunciaban su procesamiento.
