LA decisión de posponer la última parte de la negociación, y por tanto la resolución del traspaso de las ocho competencias pactadas para el segundo semestre de 2010 por el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, a cambio del apoyo en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado del año en curso por el Grupo Vasco de EAJ/PNV, no es ciertamente inesperada, pero plantea un interrogante -por otra parte también conocido- sobre el futuro cumplimiento de lo pactado en el caso de que a la vuelta de agosto Zapatero no pueda seguir encarando las presiones, especialmente las ya descaradas presiones internas, y deba optar por un adelanto electoral de marzo a otoño, aun bajo el pretexto teórico de que cuatro meses no suponen un verdadero recorte en la legislatura. Y todo apunta a que, salvo un inesperado cambio de tendencia económica -en realidad, lo que se espera es que la situación de crisis se agudice aún en el último trimestre del año-, dichas presiones se harán todavía más insistentes, tanto por parte de un Partido Popular que teme cierta relajación de su electorado tras el triunfo aplastante a nivel de Estado en las municipales y las autonómicas del pasado 22-M y que de cualquier modo iniciará su campaña final de acoso y derribo como desde el propio PSOE o, al menos, desde el sector que impulsa a Alfredo Pérez Rubalcaba, quienes consideran que convocar elecciones en noviembre evitaría el desgaste añadido de los malos datos económicos que se auguran para ese último trimestre y minimizaría los daños electorales. La muy tímida recuperación porcentual de voto que quieren adivinar en las encuestas de la mano de la candidatura del reciente ministro de Interior y el hecho de que los socialistas se conformen ya con impedir la mayoría absoluta del PP -Rubalcaba maneja un horizonte de 145 escaños como resultado que le permitiría seguir al mando de la nave socialista y apadrinar la transición-, avalarían esa posibilidad aunque suponga de nuevo la ya comprobada anteposición por los dos partidos de ámbito estatal del interés electoral propio a los intereses generales, a los compromisos adquiridos desde el gobierno y a los principios de autogobierno emanados del Estatuto de Gernika. Porque el adelanto electoral evitaría a Zapatero tener que volver a negociar el apoyo del PNV a los presupuestos para 2012 y, por tanto, cerrar antes la carpeta con los acuerdos de 2011. Siendo esto así y ante la pasividad, una vez más, del Gobierno López; el riesgo de que las transferencias -agencias de viajes, ejecución de legislación sobre productos farmacéuticos, seguro escolar, seguridad privada, ferrocarriles de cercanías, A-68 y un tramo de la A-1, fondo de garantía salarial y crédito y banca- y especialmente las cuatro últimas no terminen de transferirse, parece evidente si se repasan los incumplimientos durante más de tres décadas.
