EL nuevo frente abierto en las relaciones entre el Departamento de Interior del Gobierno vasco, que dirige Rodolfo Ares, y los sindicatos a raíz del proceso de privatización de ciertas actividades internas de la Ertzaintza, como la seguridad a la entrada de las comisarías y la atención al ciudadano, así como la dejación por parte de Interior en la defensa de las competencias que le son propias a la Policía vasca en virtud del artículo 17 del Estatuto de Gernika, deja traslucir una peligrosa falta de compromiso con el respeto al autogobierno que la sociedad vasca aprobó en 1978 y cuestiona en la práctica la consideración de la Ertzaintza como una policía integral. En primer lugar, el motivo aludido por Interior para la privatización de los servicios de seguridad y atención al ciudadano, un mejor ajuste presupuestario, contrasta con otras decisiones del Ejecutivo vasco y adolece de un análisis exhaustivo y una base razonada y obvia los problemas que genera en la segunda actividad de los agentes, es decir, la designación de destinos de aquellos ertzainas que por uno u otro motivo no pueden desarrollar su labor en la calle. Aun sin llegar a entrar en los detalles de la adjudicación del servicio a empresas privadas que han crecido en Euskadi y el Estado al albur de la violencia de pretexto político y cuyo desempeño y volumen de negocio se va limitando paulatinamente y en consonancia con el descenso y presumible desaparición de la misma, una alteración tan relevante en el servicio, y de modo especial en la relación de la Ertzaintza con la sociedad en la que se inserta y a la que debe proteger, exige un amplio consenso tanto interno como externo que, al menos de momento, no existe. En segundo lugar, la decisión de permitir que sea la Guardia Civil la que escolte al pelotón ciclista en su llegada a Bilbao con motivo de la decimonovena etapa de la Vuelta el próximo 9 de setiembre ni siquiera se ha pretendido justificar en una pretendida mayor agilidad de la prueba o en un no habitual riesgo inherente a un cambio de custodia en plena carrera, lo que denota el carácter evidentemente político de la decisión. Esa presunción, además, se refuerza con el hecho de que ese trueque de escolta sí se ha producido en otras ocasiones, caso de la entrada de la Vuelta en Andorra o, en sentido contrario, cuando la Vuelta al País Vasco abandona carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca y pasa a ser escoltada por la Guardia Civil. Y ello no solo cuestiona el nivel de compromiso de los responsables de Interior con la defensa de las competencias estipuladas en los artículos 10.34 y 12.9 del Estatuto en este caso concreto, sino que desata serias dudas sobre su interés en el supuesto de que estas se pongan en duda en cuestiones más profundas en el órgano de coordinación policial pertinente, lo que convertiría a la Ertzaintza en una policía delegada de los cuerpos policiales de ámbito estatal.