LA aprobación por el Gobierno que preside Patxi López del proyecto de Ley de Cajas Vascas precisamente ahora, en periodo prevacacional, solo puede entenderse en virtud de una evidente intención política que deja traslucir los verdaderos objetivos de la norma casi tanto como lo que se ha conocido del contenido de la misma. La premura en la aprobación de la ley en el Consejo de Gobierno del pasado martes no puede basarse en mayores criterios de oportunidad que los que se han venido dando desde que al final del verano de 2005 la reforma se topó con la resistencia de los socialistas, mantenida hasta ahora desde que se planteó por primera vez en virtud de lo que hace casi seis años era ya una posible fusión de las entidades vascas de previsión. Sí cabe entenderla, sin embargo, como el traslado a la legislación vasca de la aprobada recientemente en el Estado, es decir, de la nueva Ley Orgánica de las Cajas de Ahorro (LORCA) y de la entente entre los dos principales partidos estatales que alumbró esta. Cabría, por tanto, hablar de una decisión evidentemente política derivada del acuerdo entre socialistas y populares. Y el contenido del proyecto de ley, hasta donde se conoce, también lo hace patente. Pese al paraguas mediático de que la nueva ley permitirá la entrada de Bildu en los órganos de gobierno de Kutxa Bank, el banco que nacerá de la fusión fría de BBK, Kutxa y Vital si esta finalmente se produce; la reducción de la representatividad de las entidades fundadoras de las cajas, los ayuntamientos y diputaciones que las crearon y garantizaron sus fondos durante décadas, para incluir en los órganos de representación a las Juntas Generales y el Parlamento Vasco y especialmente a las comunidades o municipios de fuera de la CAV en los que las cajas vascas tengan sucursales se entiende perfectamente como un modo de reducir el peso en los mismos del socialmente mayoritario nacionalismo vasco. La pretensión no es nueva. En el siglo y medio de vida de las cajas vascas -su creación se extendió entre 1856 (Caja de ahorros de Vitoria) y 1921 (Caja de Ahorros Vizcaina)- ha habido más de un intento de limitar el control autóctono de las cajas, como se demostró ya en el decreto de 1935 con que la República no reconocía el papel de las diputaciones y colocaba a las entidades vascas bajo el control del Ministerio de Hacienda. No se trata, pues, de que no se considere necesaria una reforma de la Ley vasca de Cajas -la inicial legislación autonómica de 1991 ya fue modificada en 2003- para adecuarla a las necesidades del momento, sean estas las derivadas de la crisis financiera global o las provocadas por la fusión de las tres entidades vascas, sino de cuestionar la idoneidad, parcialidad y los verdaderos motivos del proyecto presentado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre.