LA gravísima y detallada denuncia realizada por Xabier Agirre en el pleno de investidura de las Juntas Generales de Araba contra miembros de Ezker Batua, a los que acusó de exigir cuarenta colocaciones laborales en diversas entidades y organismos, un crédito de 600.000 euros y la libre disposición de otros 300.000 euros en subvenciones a cambio del apoyo de las dos junteras de esta formación a una posible investidura del candidato jeltzale; supone uno de los mayores escándalos políticos de las últimas tres décadas en la Comunidad Autónoma Vasca al dejar constancia pública de la utilización de un partido, de la actividad parlamentaria y de la responsabilidad otorgada por los ciudadanos a los cargos electos en beneficio de intereses meramente personales o sectarios. Un escándalo que exige la adopción de medidas que depuren responsabilidades tanto a nivel interno de Ezker Batua como, si las hubiere, a nivel público mediante una investigación que determine si las exigencias planteadas por alguno de los miembros de Ezker Batua podrían vulnerar tanto el art. 8.2.c de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos en lo referente al derecho de los afiliados a conocer la situación económica de su formación como el art. 10 de la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos en lo relativo a las operaciones de capital o los artículos 3.2 y 5.c de esa misma ley sobre subvenciones y sobre aportaciones de entidades públicas respectivamente. Especialmente después de que la propia responsable designada por Ezker Batua para llevar el peso de la negociación, Kontxi Bilbao, reconociera ayer en todos sus extremos la veracidad de la denuncia, desmarcándose de tan evidente irregularidad aunque sin atreverse a señalar al culpable directo de la misma. Pero todo ello, además, cuestiona gravemente la actitud -y por tanto la continuidad- de las dos junteras de EB, y especialmente la de Nerea Gálvez, quien se ha limitado a arremeter contra la denuncia pese a que debía sospechar, si no conocer en al menos similares extremos a los admitidos por Kontxi Bilbao, las irregulares pretensiones planteadas al PNV al margen de las exigencias programáticas por cuanto supusieron un repentino giro en el planteamiento negociador de su formación, lo que implicaba que presentara su candidatura personal a diputada general y el lógico cambio de sentido de su voto. Y finalmente es preciso que se conozca, sin ningún margen a la duda, si alguna de las condiciones espurias planteadas por miembros de EB en la negociación con el PNV fue puesta sobre la mesa al mismo tiempo en los contactos mantenidos con el PP -principal beneficiado de la ruptura de los jeltzales con Ezker Batua- y el finalmente elegido diputado general Javier de Andrés y, por supuesto, si cabe que hayan sido aceptadas, lo que les inhabilitaría para la representación institucional de todos los alaveses.
