MUCHOS se sorprenderían el pasado viernes por la aparatosa intervención de la Guardia Civil en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el organismo que vela por los derechos de los autores pero que, al mismo tiempo, más animadversión -no siempre justificada- provoca entre la ciudadanía. La operación, en cuyo curso fue detenida la cúpula de la SGAE con su presidente, Eduardo Teddy Bautista, a la cabeza, coincide precisamente con el proceso electoral de esta sociedad en el que los socios de la entidad han ratificado a su junta directiva con la victoria de la lista continuista de la labor de la Dirección. La sorpresa inicial se tornó en poco minutos en estupefacción e indignación, cuando se supieron los motivos de las detenciones y los registros y que no es otra que un presunto delito de desviación de fondos, lo que a buen seguro habrá alimentado aún más los ya de por sí abundantes motivos de animadversión hacia la SGAE, sobre todo entre quienes consideran que este organismo se ha extralimitado en numerosas ocasiones en su excesivo celo en defensa de los derechos de autor. La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz nace de la denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Teconologías y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. Basándose en diversas informaciones periodísticas, denunciaban que los directivos de la entidad habían construido una red societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores (sDae), perteneciente a la SGAE y encargada de todo lo relacionado con Internet y nuevas tecnologías, mediante la cual ciertas cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor pudieron desviarse e invertirse en actividades lucrativas para esas empresas, en perjuicio de la propia SGAE y de sus socios. Los hechos tendrán que demostrarse, y hasta ese momento debe imperar la presunción de inocencia, pero qué duda cabe de que resulta cuando menos chocante que ciertos miembros de la SGAE, convertidos en paladines de la legalidad, se vean ahora envueltos en una investigación judicial relacionada con irregulares desvíos de fondos de la sociedad. Este turbio asunto, al menos hasta que se aclare, no hará sino deteriorar aún más la ya de por sí negativa y polémica imagen pública que arrastra la SGAE, alimentada en muchos casos por las a menudo absurdas y excesivas batallas de cobro que ha emprendido la sociedad, con supuestos espías enviados a grabar en bodas incluidos. Por no hablar de la millonaria pensión (24.500 euros mensuales) que cobrará el presidente, Teddy Bautista. Ahora, que la Justicia haga su trabajo.