La paradoja de Celaá
El Departamento de Educación se enfrenta a un recurso sobre una supuesta falta de libertad de elección lingüística pese a su intento de reformar el modelo aun contra el sentir mayoritario de la sociedad y del sector educativo
EL nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por una supuesta falta de garantía en la libertad de elección lingüística en la enseñanza y la sincronía del mismo con el inicio del periodo de matriculaciones no es mera coincidencia. Y tampoco es posible razonarlo como consecuencia del diseño de los mecanismos de matriculación. Si con anterioridad no encontraba en ellos base lógica más allá de la orientación política, difícilmente puede hallarla ahora cuando el Departamento de Educación reduce a once el número mínimo de alumnos que obligan a un centro a crear un grupo de enseñanza en castellano y habilita medios que, pese a la evidente tendencia general en sentido contrario, tratan de paliar la caída del modelo A. Por el contrario, el recurso y esos nuevos mecanismos forman parte de una política global mediatizada en la práctica por los términos en que se suscribió el Acuerdo de Bases entre el PSE y el PP y que dio el Gobierno vasco a los primeros. Política que, lejos de analizar las condiciones del euskera como lengua aún minorizada y en desventaja frente al castellano, busca obviar dicha situación y, en lugar de responder a la demanda social, pretende sortearla; lo que aboca al Ejecutivo a una continua incoherencia quizás no tanto con su tradición ideológica pero sí respecto a sus promesas electorales y, sobre todo, a la sociedad a la que pretende o dice representar. Que el departamento de Isabel Celaá se enfrente ahora al recurso sobre una supuesta falta libertad de elección lingüística pese a su intento de reformar el modelo -eso sí, tratando de evitar cualquier estridencia que soliviante aún más al propio sector y a la sociedad-, no es sino fruto de la paradoja en la que vive todo el Ejecutivo, entrampado por quienes le auparon al poder en posiciones que sabe contrarias a la exigencia de lo que el mismo López definió como ciudadanía. Incluso, o sobre todo, en las materias más sensibles. Así, en el caso concreto del sistema educativo busca invertir una realidad sin embargo tozuda que se traduce en el continuo crecimiento anual de los porcentajes de matriculación en el modelo D, íntegramente en euskera, y su absoluto predominio respecto a los otros modelos en el caso de las nuevas matrículas, pero también en cuanto a valoración académica y tasa de aprobados tanto en los centros públicos como en los centros concertados y tanto en Primaria como en Secundaria o Bachillerato. E incapaz de negar esa realidad, pero al mismo tiempo inhábil para incumplir las condiciones explícitas -y para el PP esenciales- del pacto en materia de educación, Celaá se ve forzada a equilibrios imposibles que trata de solventar con medidas que ni contentan a la minoría que le respaldó ni evitan la crítica de la mayoría de la sociedad y su lógica traslación a una mayoría del sector educativo.