LA Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), más conocida como Ley de Descargas o Ley Sinde por tratarse de una iniciativa que ha impulsado la ministra de Cultura del Gobierno español, Ángeles González-Sinde, ha recabado un unánime rechazo parlamentario quizás discordante con la lógica de sus teóricos fines pero coherente con su inexplicable inclusión en una ley mucho más amplia e inespecífica y con la incapacidad de sus promotores para plasmar la imprescindible cohabitación del derecho a la propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión e información a través de las nuevas tecnologías. Más aún, si a ambas carencias se añade el muy mayoritario rechazo de los usuarios de internet -con su actual capacidad para generar ruido social y mediático-, el escaso o nulo esfuerzo del Ministerio de Cultura por replantearse la oportunidad de incluirla en la LES y, al contrario, su empeño en tramitarla con un procedimiento casi de urgencia (aunque meses después de su anuncio); incluso la presumible oportunidad de legislar sobre la materia y el teórico fin perseguido por la iniciativa quedan en entredicho. Sin olvidar los más que serios interrogantes al respecto de que su aprobación sirviera a la postre realmente para ese objetivo que la motiva, el fin de la piratería en la Red, y no para beneficiar a determinados sectores de actividad con los que el gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ya ha demostrado notoria cercanía a través de otras iniciativas legales. Porque sólo al observar esa relación se puede comprender el proceder del Ejecutivo con la Ley Sinde, hasta el punto de cortar repentinamente las labores parlamentarias que desde hace un año se venían desarrollando para preparar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, donde se hubiera debido incluir la normativa de descargas para evitar los abusos que efectivamente se producen pero que también hubiera debido cuestionar determinados cuantiosos beneficios otorgados a la industria de la cultura. Y en ese sentido, no se puede ni siquiera evitar la duda de que la Ley Sinde, como intento fallido de legislar y ordenar la información en internet y su uso, no haya logrado por el contrario el propósito de mantener al menos temporalmente ciertos status quo. Sin embargo, la reflexión anterior no puede ocultar tampoco que, al igual que se ha hecho con otros canales de información y conocimiento, el tráfico en la Red precisa de su propia legislación para regular y hacer concordar los derechos de los usuarios y los de la propiedad intelectual sin superponer unos a otros y con el fin de evitar abusos por un lado y arbitrariedades por otro. Dotada, eso sí, de mucha mayor concreción, desarrollo y consenso que la más que cuestionable iniciativa que lleva el nombre de la ministra de Cultura.