La obligación de informar

LA sucesiva filtración de documentos e información interna pertenecientes al Pentágono, el Departamento de Estado o el cuerpo diplomático de Estados Unidos por la web wikileaks y su consiguiente reflejo en la prensa internacional, incluida la última entrega en la que se desvelan algo más que opiniones sobre gobernantes de medio mundo, ha desenterrado un viejo debate que pretende provocar un daño colateral irreparable: el cuestionamiento de la libertad y la obligación de los medios de comunicación en hacer llegar a la sociedad la información que ética y profesionalmente consideren oportuna. La persecución judicial del fundador y editor de la web, Julian Assenge, acusado de una presunta violación que había sido desechada en primera instancia por la Fiscalía sueca, y la apertura por el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, de una investigación penal por la filtración masiva de documentos en wikileaks, apuntan cuando menos en esa dirección. Sin embargo, ni el Gobierno de EE.UU. ni los ejecutivos cuyos representantes son citados en los cientos de miles de documentos colgados en la web han entrado en el verdadero debate necesario, el de la veracidad de los informes y la visión que ofrecen sobre la democracia y los abusos de poder que ésta no evita. O, como acaba de explicar David Leigh, redactor jefe de investigación de The Guardian, diario británico que se ha venido haciendo eco de la filtraciones de wikileaks, si la documentación filtrada "muestra a la gente de todo el mundo lo que en realidad sucede ante ellos". Porque "la gente debe saber lo que ocurre en el mundo" y es labor de los medios de comunicación darlo a conocer siempre desde un análisis responsable de los efectos que la publicación de dichas informaciones podría tener en la propia sociedad a la que se dirigen. Y porque lo verdaderamente importante no es si el Departamento de Estado de EE.UU. considera que José Luis Rodríguez Zapatero únicamente se mueve "por cálculos electorales" o que José María Aznar perdió el poder por "su nefasta gestión del 11-M", aun siendo esto relevante, sino los mecanismos ilegales o alegales que Estados Unidos -y el resto de los Estados en otros casos y en mayor o menor nivel- utilizan para lograr sus fines -como en el caso de las guerras de Irak y Afganistán- o para hacer acopio de una información con la que pretenden y logran influir en las relaciones internacionales, los conflictos y, en definitiva, el desarrollo humano en absolutamente todos los campos y por motivos e intereses casi siempre distantes de la ética, los derechos y la libertad. No se trata de anteponer la seguridad nacional, como esgrime el Gobierno británico, a la responsabilidad informativa. Se trata de que los gobiernos no antepongan esa seguridad nacional a la moralidad democrática y, por tanto, no sitúen a los medios ante su única obligación: informar de modo responsable y veraz.