LA sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, máxima instancia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que considera legal y ajustada al derecho internacional la declaración unilateral de independencia proclamada por la Asamblea (parlamento) de Kosovo el 17 de febrero de 2008 supone no sólo el reconocimiento como realidad estatal de la que hasta hace dos años era considerada una provincia de Serbia a pesar de la voluntad de sus habitantes, sino una forma de amparar aspiraciones similares de otras naciones y regiones que aún se encuentran encorsetadas dentro de distintos Estados. A pesar del carácter no vinculante del fallo judicial y de que Serbia, que fue precisamente quien apeló al CIJ, ya ha anunciado que obviará el mismo y seguirá sin reconocer la independencia del Estado kosovar, la sentencia, cuyos razonamientos se harán públicos en los próximos días, determina, según el presidente de la Corte, Hisashi Owada, dos aspectos fundamentales en cuanto al respeto al derecho que compete a las sociedades civiles para decidir su futuro político. Por un lado y como ha venido siendo evidente a lo largo de la historia, Owada reiteró ayer que "no hay norma en el Derecho Internacional que impida las declaraciones de independencia" y, por otro, que "la Asamblea de Kosovo tiene poder para tomar decisiones que afectan a su orden legal" lo que conlleva el reconocimiento implícito de las capacidades de otros parlamentos no estatales en el mismo sentido. El veredicto, además y aunque parezca que carece de efectos prácticos inmediatos más allá de ofrecer un espaldarazo jurídico a la independencia kosovar, ya reconocida por 69 países y entre ellos 22 miembros de la UE, tiene relevancia en cuanto a la confirmación del artículo 73.a de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a sus "miembros con responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio (...) a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas", y también del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que determina que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y en virtud de este derecho a establecer libremente su condición política". Y lo hace pese a la resistencia de Estados que, como España, han llegado a participar en el proceso sobre Kosovo en el CIJ tratando de impedir que la Corte reconozca la legalidad de la independencia por temor a su traslación a casos que les afectan -como Euskadi o Catalunya- a pesar de ser firmantes de una legalidad internacional que incluye acuerdos tan nítidos como los dos citados y que finalmente ha sido reconocida por la Corte Internacional de Justicia.