UNA de las constantes constatables a lo largo del primer año del Gobierno que preside Patxi López, bien motu propio, bien en respuesta a los condicionantes impuestos por su socio preferente, el PP, ha sido la escasa, tendente a nula, sensibilidad mostrada por el Ejecutivo respecto a las políticas encaminadas a la normalización del euskera pese a la creciente afinidad de la sociedad vasca con su lengua y a las necesidades derivadas de la misma. Si el inicio de la educación en euskera ya ha debido sortear en este año los intentos de implantar cortapisas a su irrefrenable consolidación en las nuevas generaciones con el intento de eliminar primero y transformar después el sistema de modelos educativos que, al menos, había logrado consenso y resultados suficientes; y su uso por la Administración en la relación con el ciudadano también se ha visto frenado, tal y como denunciaba hace tan sólo unos días el Observatorio de Derechos Lingüísticos Behatokia, esa ausencia de compromiso con la lengua oficial todavía minorizada respecto al castellano en la CAV por parte del Ejecutivo López se confirma ahora tanto en el ámbito de la Educación como en el de la Administración con varias señales de absoluta anormalidad, al menos si lo que se pretende es responder con su normalización tanto a la exigencia social como a las recomendaciones internacionales de cara a preservarla. La ausencia de obligatoriedad en el conocimiento del euskera -aunque sí del inglés- en la contratación por una sociedad pública que sólo opera en Bizkaia de un responsable de marketing -es decir, del encargado de dirigir su relación con la sociedad- es una de ellas. Como lo es la modificación del decreto sobre los derechos lingüísticos de los consumidores para aplazar en un año la rotulación bilingüe euskera-castellano en los grandes comercios. Y la incertidumbre generada por la no comunicación de las subvenciones anuales para el próximo curso a los euskaltegis homologados, que son quienes llevan el mayor peso de la euskaldunización de adultos con cuarenta mil alumnos, condicionando sus proyectos educativos a partir de setiembre, es asimismo una anomalía que, además, afecta a la seguridad del empleo de un colectivo formado por millar y medio de profesores. Las tres se añaden a los numerosos ejemplos anteriores de que la normalidad que pretende publicitar el gobierno socialista está reñida con la normalización del principal pilar cultural de Euskadi. Y que lo está precisamente porque en el fondo de esa citada ausencia de sensibilidad -que traiciona las promesas de López al mundo cultural y euskalzale- se encuentra el objetivo, ya ni oculto, de eliminar todos los matices que nos diferencian del Estado español y entre los que el euskera es el principal. Es decir, la anormalidad en la normalización de quienes exigían sacar al euskera del ámbito de pugna partidaria es también y únicamente política.