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Sin novedad en la crisis

Las intervenciones de Zapatero y Rajoy en el debate de política general del Congreso constatan que el Estado español se encuentra en plena depresión económica y política y que ni el Gobierno ni el PP son capaces de aportar soluciones

EL discurso del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate de política general que se inició ayer en el Congreso de los Diputados se puede resumir en la ausencia de novedad: el Estado español está en crisis. Económica y política. Los 42 folios leídos por Zapatero verifican simplemente que el Ejecutivo socialista no es, por un lado, capaz de aportar ideas -esa innovación que dice pretender impulsar en el tejido industrial- añadidas a las reformas ya presentadas, ya discutidas y ya ampliamente criticadas por todas las fuerzas de la oposición y por numerosos agentes sociales en el ámbito económico y, por otro, que al igual que hizo en su día obviando la situación de la economía ni siquiera admite que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut supone la recesión, cuando no la ruina, de los acuerdos que en la transición permitieron a las Comunidades Históricas aceptar el Estado de las Autonomías en base a capacidades de autogobierno que luego se han visto cercenadas. La crisis es de tal calibre que tampoco hay novedad en el discurso del líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, sin una sola propuesta efectiva para fundamentar la que debería ser su alternativa cuando, como dijo, pretende que Zapatero disuelva las cámaras y convoque elecciones anticipadas que, en pura teoría, deberían servir para ofertar soluciones a males que se antojan intrínsecos. En definitiva, si el debate, que se había calificado como crucial, iba a proporcionar una imagen del estado del Estado, ésta es la radiografía de un profundo problema estructural frente al que ni el PSOE ni el PP demuestran capacidad de liderazgo. Limitarse, como hizo Zapatero, a reiterar la necesidad de las reformas del mercado laboral y de las pensiones, que inciden en los sectores sociales menos culpables y más damnificados por la crisis, o del mercado financiero limitándola a la Ley de Cajas de Ahorro y a extender las consecuencias de la reducción del déficit a las Comunidades Autónomas -11.000 millones de recortes les pretende endosar para 2011- sin atender a especificidades económicas que, por el contrario, defiende para España ante lo que eufemísticamente denomina "coordinación" con la UE, no hace sino demostrar que su Gobierno carece de margen de reacción. Prometer, como hizo, el desarrollo del Estatut tras parangonar "la adecuación a los procedimientos y reglas constitucionales" con la voluntad de la sociedad catalana sólo confirma que Gobierno y partido socialistas no han comprendido aún que la imposible incardinación política de las naciones en el modelo de Estado que fomentan va mucho más allá de la coyuntura electoral y alcanza niveles de lo que el propio Rajoy definiría más tarde como "una crisis institucional" para la que, sin embargo, el líder del PP tampoco tiene ni aporta soluciones. No hay novedad en el Estado.