LA constatación por parte del Observatorio de Derechos Lingüísticos, Behatokia, en su informe anual sobre la actitud de las instituciones de Hegoalde respecto al euskera, de un incremento en las quejas de los ciudadanos durante el pasado año y la advertencia de un necesario cambio radical de las actuales políticas sobre nuestro idioma en el ámbito de la Administración; conforman un panorama al menos preocupante sobre la sensibilidad e interés que el Gobierno que preside Patxi López -en el caso del Ejecutivo navarro de Miguel Sanz eran ya sobradamente conocidos por inexistentes- posee en la promoción de la lengua minorizada de entre las dos cooficiales en Euskadi. La presunta vulneración de derechos lingüísticos denunciada en departamentos de tanta incidencia social como los de Sanidad e Interior no son simples detalles sino reflejos de una disposición, o de la ausencia de ésta, por cuanto se concretan, por ejemplo, en la utilización de "resquicios legales" para beneficiar contrataciones que no reúnen los perfiles lingüísticos necesarios para atender luego al ciudadano o a la minusvaloración del conocimiento del euskera, especialmente en la política interna de Osakidetza. Con esas premisas y el notorio aumento de las quejas presentadas por los ciudadanos, la valoración de la consejera de Cultura del Gobierno vasco, Blanca Urgell, sobre la apuesta del Ejecutivo por mantener las políticas de normalización del euskera con un énfasis especial en su utilización en la red y en el ámbito de las nuevas tecnologías, aunque se pueda considerar ésta más que necesaria, se antoja cuando menos inconsistente. No se trata sólo, que también, de "aplicar las nuevas tecnologías, la web 2.0 y las reglas del juego en las relaciones virtuales" para que el euskera avance, como dice Urgell, sino de abonar primero la virtualidad, es decir, la eficacia y fortaleza del euskera mediante su promoción en las relaciones reales de la sociedad vasca. Y en ello tiene suma importancia la capacidad -lógicamente mermada si no existe un interés cierto que lleve a políticas claras y definidas- de la Administración para responder al reto que ya plantea una sociedad en la que, además, el bilingüismo toma forma y se consolida en las nuevas generaciones tal y como vuelven a evidenciar los recientes datos de prematriculación para el próximo curso con el incremento de alumnos en los modelos que usan el euskera como lengua principal y un nuevo descenso en el modelo en castellano. En ese sentido, las indefiniciones, cuando no las cortapisas, a la hora de implantar en la Administración, y sobre todo en el ámbito de la atención a los ciudadanos, los mecanismos necesarios para el uso cotidiano y real del euskera no son sólo un inmenso error sino también un déficit que de perpetuarse puede ser insalvable.