Situación difícil, solución injusta

Hace apenas dos semanas, la Unión Europea, especialmente Alemania y el Banco Central Europeo, cuyo actual presidente será sustituido curiosamente por el actual responsable del Bundesbank, le dijeron al señor Rodríguez Zapatero que hasta aquí hemos llegado, que la situación de la economía española es preocupante -con más de 4,6 millones de parados y con un déficit público que alcanza el 11,2% del PIB- y que la zona euro no quería correr ningún riesgo con lo más preciado y valioso en Europa como es el euro.

Especulativos o no especulativos, las mercados españoles estaban sufriendo sobremanera; la Bolsa caía bruscamente y el Spread o diferencial del bono español respecto del alemán superaba ampliamente los 100 puntos básicos. Los mercados se habían ensañado ya con Grecia y ahora habían encontrado otra víctima, otra economía débil y carente de credibilidad, como lo es su propio presidente.

En este contexto, Alemania toma las riendas, marca las reglas de juego europeas y, amén de establecer un fondo de estabilización europeo por importe de 750.000 millones de euros, exige al Gobierno español un duro plan de ajuste si no quiere ser expulsado del euro. Le obliga a reducir drásticamente el déficit público y además lo hace a través del gasto público.

Así, el presidente Rodríguez Zapatero comparece el pasado 12 de mayo en el Congreso para informar de un conjunto de medidas a llevar a cabo que ponen en entredicho toda su política económica y política social. Anuncia la congelación de las pensiones, excluyendo las más bajas y las no contributivas, la reducción de los salarios de los empleados públicos en un 5% de media, y la reducción drástica de las inversiones públicas por un importe superior a los seis mil millones de euros, amén de la supresión del cheque-bebé y otras cuestiones menores. Todo ello para recortar el gasto público en 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011. Estas medidas son aprobadas por real decreto-ley en un Consejo de Ministros celebrado el pasado jueves.

No cabe duda de que las medidas son contundentes y que van a afectar directamente a la incipiente recuperación económica. De hecho, el Gobierno ya ha modificado sus previsiones económicas para el próximo año, estimando que el PIB crecería tan sólo el 1,3%, 5 décimas menos de lo previsto anteriormente. Y el Presupuesto del año que viene será no ya un presupuesto contractivo, sino dramático.

Nadie, o casi nadie, cuestiona la necesidad del ajuste. Los países europeos lo están abordando antes de que Europa les obligue. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora la crisis y Europa nos obligan a volver a la cruda realidad. Los excesos del pasado los tenemos que pagar. La cuestión es si éstas, las adoptadas por el Gobierno de Zapatero, son las medidas más adecuadas o si cabe plantearse un ajuste; es decir, un reparto del coste de la crisis diferente. En mi opinión, sí.

Antes de congelar los salarios a los pensionistas, rompiendo una regla sagrada del Pacto de Toledo de mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, y de reducir el salario a los empleados públicos (médicos, enfermeros, maestros, policías, trabajadores de la justicia...) y de reducir las inversiones que pueden poner en serio peligro la recuperación económica y que va a generar más paro, hay otros caminos y maneras de hacerlo. Ni los funcionarios ni los pensionistas son los causantes de la crisis, ni deben ser los únicos que soporten su factura. Por ello, tentativa y orientativamente, me atrevo a señalar unas cuantas a modo de provocación y reflexión.

En primer lugar, y con carácter ejemplarizante, el Gobierno debería lanzar una señal de sacrificio, reduciendo estructuras, gastos superfluos, suprimiendo ministerios cuyas competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas (léase vivienda, cultura, deporte...).

En segundo lugar, hay que pasar factura a los causantes más directos de la crisis. Hay que gravar las operaciones de carácter especulativo de las entidades financieras. La banca no puede exhibir beneficios récord mientras el ajuste lo soportan otros.

En tercer lugar, el ajuste ha de recaer con más fuerza en los que más tienen. Con un paro del 20% como media de la economía española, ni los parados ni los que tienen el riesgo de serlo, deben soportar la crisis; no son sus responsables ni pueden ni deben hacerlo.

No hay que descartar tampoco una revisión del sistema tributario. Ahora bien, no debe hacerse apresuradamente y a tenor de impulsos mediáticos. Menos aún lanzando globos sonda sobre un posible nuevo impuesto a las rentas altas que parece que el Gobierno va a instaurar próximamente, filtraciones que no hacen otra cosa que desorientarnos a todos. Sin duda, una supuesta reforma tributaria tendría que hacerse de una manera sosegada, ordenada, coordinada y midiendo muy bien sus efectos ¿O alguien no asume a fecha de hoy el derroche que fue no aplicar la progresividad a la deducción de los 400 euros?

Sin olvidar, en último lugar, que para salir de la situación sería completamente necesario abordar las reformas pendientes; la del mercado laboral, la del sistema financiero, la del gasto público, la de la energía, la de la innovación... Son algunas medidas que considero necesarias acometer por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.

El Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de Euskadi; es decir, los ciudadanos vascos, también tendremos que hacer un esfuerzo y apretarnos el cinturón, pero nuestro punto de partida es diferente, la situación de las cuentas públicas, del paro y de nuestra economía es distinta, y nuestro marco competencial también es diferente y diferentes podrán y deberán ser también las medidas que se adopten.

Situación difícil, solución injusta. Seguiremos hablando.