LA presentación por el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz (PP), con el apoyo de los socialistas de dicha comunidad, de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el denominado blindaje del Concierto Económico aprobado por el Congreso de los Diputados en diciembre y por el Senado en febrero confirma paradójicamente y una vez más la necesidad de proteger la especificidad económica del autogobierno vasco -pese a que cuenta con el respaldo del artículo 41 del Estatuto de Gernika y de las disposiciones derogatorias de la Constitución de 1978- frente a los intentos de limitarlo que se han venido sucediendo en el tiempo con la aquiescencia o el apoyo de los dos principales partidos de ámbito estatal. De hecho, la propia consecución del blindaje en las Cortes no hubiese prosperado sin las urgencias del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero por lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado, negociación en la que los jeltzales lograron incluir, pese a las reticencias evidenciadas en las filas socialistas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la de Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa, para establecer que las normas forales sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Porque, además, el recurso de inconstitucionalidad presentado ahora por La Rioja a esas reformas contempladas en la Ley Orgánica 1/2010, reitera la posición contraria al Concierto Económico del PP, reflejada ya en las votaciones de Congreso y Senado, mediante el respaldo al recurso presentado por Sanz que ayer hizo público Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del partido que lidera Mariano Rajoy, apoyo al que se supeditan los populares del País Vasco a pesar de que cuestione la realidad, o al menos el alcance, de la teórica defensa que del propio Concierto hacen los miembros del PP del País Vasco, mediatizados por el coste electoral que supondría defender en Euskadi la postura de la que hace gala su partido tanto en Madrid como en otras comunidades, caso de La Rioja, en las que gobierna y en las que por contra el horizonte electoral es precisamente el que marca la posición contraria al Concierto Económico. En ese sentido apuntan las declaraciones de la presidenta del Parlamento Vasco, la popular Arantza Quiroga, aludiendo a la "incomodidad" que supone la situación para su partido y a la que tampoco escapan los socialistas, condicionados asimismo por la evidente contraposición entre los intereses de Euskadi y los de una visión homogeneizadora del Estado autonómico. Sólo a dicha incomodidad se puede atribuir el silencio del Gobierno vasco que preside Patxi López frente a lo que es un nuevo intento de cercenar la principal herramienta de nuestro autogobierno.
