El objetivo

EL presidente Rodríguez Zapatero no anda sobrado de fuerzas. La crisis mundial y su repercusión en España, sobre todo el paro creciente mes a mes y las malas previsiones de recuperación, le traen a muy mal andar. Su dorado bastón de la presidencia europea se le ha roto por medio antes de la mitad de camino. Los europeos no quieren para sí una gestión pésima en la propia España. Cualquiera que haya podido ser su papel en el destape del caso Gürtel, éste le ha venido de perlas. La mejor zancadilla al PP que se le adelantaba en las encuestas. Después de su empeño y eficacia para colocar a López en Ajuria Enea, contó sin embargo con el desconcertante apoyo del PNV: presupuestos, subida del IVA, aborto. ¿A cambio de qué? Sin duda, de la bofetada con antiblindaje de Iberdrola… Poco antes, 26 de marzo, su Gobierno aprobaba la proyectada Ley de Reforma electoral. "Necesaria, precisa y garantista", proclamaba un diario. ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo?

Es obvio que en política sea precisamente el que no se dice, el que se trata de camuflar con palabrería legal y citas jurídicas. No es tan obvio que, salvo raras excepciones, los analistas políticos no lo descubran y manifiesten. Es que también los analistas políticos tienen sus inclinaciones e intereses en la materia. Esto es obvio. Pero actuando como analista, no debía serlo. Pienso que en el caso presente no hay que ser una lumbrera de perspicacia, porque salta a la vista, que el objetivo del Gobierno de Rodríguez Zapatero es mantener a toda costa al lehendakari López ocupando Ajuria Enea, impedir que el PNV pueda desalojarle democráticamente y con todas las de la ley, para lo que le es indispensable sacudir el censo electoral. Lo mismísimo que ya se pretendió con la Ley de Partidos Políticos.

Hoy, el problema de ETA y el de la izquierda abertzale son distintos para el Gobierno español. El cerco a ETA es cada día más cerrado gracias a la colaboración mayor de Francia, y, después del garrafal error táctico de los etarras -el asesinato de un gendarme-, Francia toma la delantera implacable precisamente allí donde la organización armada ha tenido desde el principio su base logística. El fin de ETA compensaría a Zapatero de su fiasco en la negociación que naufragó en Loyola.

En este sentido, la afirmación de Mayor Oreja, aun desconociendo sus fuentes y razones, me parece fuera de lugar. No porque yo haga ascos de la negociación, no, al contrario; ni porque no sepa que la han practicado los gobiernos del PSOE así como el del PP -y probablemente bastante más de lo que ha aparecido-; ni siquiera porque no piense que se puede estar negociando con ETA mientras se la espía y persigue. No me extrañaría. Para más de uno, el juego político tiene más trampas y señas que el mus. Una de las últimas es el rasgarse las vestiduras el PSOE por considerar blasfemia la afirmación de Mayor Oreja. ¿Qué hizo el presidente del PSE con Batasuna y ETA durante más de dos años, antes de Anoeta y después? La última, la de Basagoiti, pidiendo al PNV que deje de buscar los votos de la izquierda abertzale para volver a Ajuria Enea. Y ¿por qué no dejan PSOE y PP de impedírselo, al descontar esos votos, como habría sido lo normal en marzo del 2009? ¿Por qué precisamente ahora prepara el PSOE la reforma electoral con plena aprobación del PP?

La afirmación de Mayor Oreja hay que entenderla en su contexto personal. Como ministro del Interior fue quizá el que más agradó a los españoles por su actitud cerrada y totalmente antinegociadora frente a ETA. Cuando se logró la tregua de 1998 le puso el remoquete de "tregua trampa". Precisamente fue aquella la más sincera de todas, si no la única. ETA la rompió porque el PNV no pudo aceptar las condiciones de la organización armada. Lo mismo que en Txiberta, en 1978, y últimamente en Loyola. Algunos pecados originales existen y el de ETA pervive y manda. A veces también ciertas psicologías padecen fijaciones.

No, Zapatero no piensa en negociar con ETA. Deja a ésta en manos de la policía española y sobre todo de la francesa. La actitud del Gobierno español con la izquierda aber-tzale no tiene que ver con ETA. Va por otro lado. Su ensañamiento con sus líderes -previa la acción de los jueces-, y el castigo electoral a sus seguidores tiene lugar en un momento en que por una parte el escenario de desaparición de ETA puede parecer más verosímil que nunca y, por otra, la izquierda abertzale se muestra -con descalificación por parte de ETA- exclusivamente política y pretende un método de acción estrictamente democrático. El Gobierno español puede apelar a experiencias pasadas y abrigar razones de desconfianza. Pero ¿por qué no un voto de confianza? Siempre hay una primera vez. Y, sobre todo, ¿por qué ahora unas condiciones más estrechas, para más inri jurídica, y legalmente inaceptables?

La pretendida justificación del Gobierno de su reforma de la Ley Electoral, apelando a cuestiones jurídicas y legales no se sostiene, a juicio tanto del catedrático de Derecho Constitucional, Eduardo Vírgala, como del ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria, el 30 de marzo y 1 de abril en El Correo Español y DEIA respectivamente. "Los presuntos aspectos legales de la reforma distan de respetar el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución, sin la tentación de utilizar peligrosos atajos". "Esta extravagancia jurídica que se nos presenta, pervierte absolutamente el contenido esencial del art. 23 de la Constitución, limitando el derecho de sufragio y limitándolo además a posteriori, singularidad que no concurre en ningún ordenamiento electoral del mundo civilizado".

Esto sin entrar en la actitud de los jueces. Como bien dice el catedrático de Derecho Político, Manuel Ramírez: "Los jueces, como cualquier clase de ciudadanos, no son asépticos en su campo de valoraciones previas. Se confiese o no y en cualquier lugar del mundo. Por ideología propia, por mentalidad formada, por simple actitud ante las cosas, debajo de la toga hay una cierta predisposición… (política). Y ocurre que se atribuye a las Cortes (a los partidos políticos mayoritarios…) la elección de miembros del Tribunal Constitucional, algunos del CGPJ, el Defensor del Pueblo…". ¡La politización de la Justicia!

En una palabra, como he dicho al principio, el único y verdadero objetivo de la reforma, de la Ley Electoral por el Gobierno socialista no es jurídico sino político; es cerrar toda posibilidad de su derecho al sufragio a los habituales votantes de la izquierda abertzale para que no vuelva a Ajuria Enea un lehendakari nacionalista y se mantenga el sillón de López recostado cómodamente en el PP de sus amores.

* Profesor emérito de la Universidad de Deusto