LA iniciativa con la que se pretende, al parecer, desarrollar la sensibilización contra la violencia en los adolescentes y jóvenes vascos mediante la inclusión por parte del Departamento de Educación que dirige Isabel Celaá de los objetivos del documento Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia 2010-2011 en la asignatura Educación para la Ciudadanía de los alumnos de Secundaria, concretamente los de 15 y 16 años, encierra riesgos más que evidentes. En primer lugar, el peligro de restringir la definición de actividad violenta, cuando ésta desgraciadamente está presente cada vez en más diversos ámbitos y especialmente entre la juventud, a la violencia de carácter político y, más restrictivamente aún, a la que por desdicha germinó y ha sido puesta en práctica desde un sector muy determinado y cada vez más reducido de la sociedad vasca. Esa violencia no es la única que se ha sufrido y se sufre en Euskadi y, aunque en ningún caso pueda esto entenderse como una ínfima legitimación, tampoco es la única a tratar de erradicar mediante la educación de las próximas generaciones. En segundo término, pero directamente relacionado con esa restricción, el peligro de parcialidad ideológica que ya se puede intuir en la reformulación por el actual Gobierno vasco del Plan de Educación para la Paz estructurado por ejecutivos anteriores cuando ahora aboga y defiende consideraciones como la asunción del sistema democrático instaurado en el Estado o la reivindicación de la Constitución, en las que cualquier visión honesta descubre un intento de aleccionamiento que nunca debería tener cabida en las aulas y que retrotrae a asignaturas del sistema educativo de hace varias décadas. Y en tercer lugar pero quizás tanto o más importante por cuanto engloba lo anterior, el peligro de efectos y consecuencias no esperados ni deseados que se pueden adivinar tras lo que se antoja una ausencia de mesura y prudencia en la elección y el control de los métodos y las actividades a desarrollar por los alumnos, que se hace expresamente palpable en la que se pretende sea la guía didáctica de la materia, el libro Historias que nos marcan de Ricardo Arana, actual responsable de comunicación del gabinete de Celaá, Susana Harillo y Jesús Prieto. La dramatización de situaciones y vivencias llevadas al extremo de la construcción de un zulo o la representación de un enfrentamiento y las declaraciones, en persona o no, de víctimas lógicamente mediatizadas por su sufrimiento y escoradas hacia una determinada inclinación ideológica, no provocan necesariamente una identificación con las mismas ni un reconocimiento intrínseco de su dolor y, en cualquier caso, precisan de equilibrios que el proyecto no prevé ni mucho menos fomenta. Y cualquier educador sabe que un problema se puede plantear o resolver, pero esto último es imposible sin la comprensión absoluta de su desarrollo.