eL Gobierno español aprobó el pasado viernes una nueva vuelta de tuerca en la cruzada por la devaluación de los derechos civiles, políticos y democráticos de los ciudadanos en este país. Para más bochorno, lo hace como respuesta casi automática a las soflamas alarmistas y agitadoras del anacrónico Jaime Mayor Oreja, una demostración palpable del seguidismo de los socialistas hacia el PP y el miedo de Zapatero y Rubalcaba a perder ese electorado -convenientemente intoxicado y adoctrinado- más extremista y sensibilizado en su lucha antiterrorista. En definitiva, las nuevas medidas conforman una confusa normativa destinada a controlar las mayorías en los ayuntamientos y entidades forales en función de los intereses partidistas y electorales de PSE y PP bajo la a todas luces insostenible apariencia de impedir que ETA se cuele en las instituciones. Porque no hay un solo argumento nuevo que avale este nuevo salto cualitativo respecto a la actual Ley de Partidos -más allá de que vuelve a vulnerar principios y valores de la Constitución de 1978 por su arbitrariedad y discrecionalidad-, que no sea la evidente necesidad de perpetuar una situación electoral artificial para que ambos partidos sigan intentando el control de las instituciones democráticas aun a costa de vulnerar la voluntad libre y democrática real de los ciudadanos. Es evidente que la persistencia de ETA en el asesinato, el chantaje, la violencia de persecución y la amenaza supone una antidemocrática excepcionalidad en Europa, pero lo es también en ese mismo contexto europeo el uso de medidas antidemocráticas para combatir el terrorismo. Además, esa vía tiene un efecto perverso para la propia democracia: deja al albur de los intereses partidistas de quienes controlan el poder político y judicial qué personas sustituyen a los concejales supuestamente contaminados pese a estar en plenitud de sus derechos civiles y políticos. No es una cuestión de lucha antiterrorista, sino simple pugna por el poder político -y los votos con el PP en el Estado español-, a costa de vulnerar la voluntad de los electores sólo en este país. De hecho, ni se plantea aplicar esa misma vía a alcaldes y concejales que ni rechazan ni mucho menos condenan el terrorismo de Estado, la violencia derechista -ahí están los actos de Falange- o el régimen franquista. Y lo que es peor, se utiliza a ETA como excusa. Esta nueva ola coincide, no por casualidad, con la espera de acontecimientos en el seno de la izquierda abertzale tras su debate interno y su supuesta apuesta exclusiva por las vías pacíficas. No cabe duda de que los cambios legislativos buscan enrarecer y enredar en ese clima. La izquierda abertzale debe demostrar madurez y convicción para hacer que esta nueva vuelta de tuerca quede en agua de borrajas. Basta con profundizar en la apuesta posibilista y contribuir al fin de ETA para que ninguna ley restrictiva le afecte lo más mínimo.