EN las sociedades democráticas, el concepto de libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas reconocido como tal en su legislación, al amparo también de su reconocimiento internacional en textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversas resoluciones de la ONU. La Constitución española consagra también, como no podía ser de otra manera, el ejercicio de este derecho ineludible. La libertad de expresión no es, por tanto, un derecho de los medios de comunicación, sino de todos y cada uno de los ciudadanos que tienen, como tales, pleno derecho no sólo a buscar y difundir libremente información y opiniones, sino a recibirla, para lo que no debe existir ningún tipo de discriminación por motivo alguno. Así, los medios de comunicación se convierten en instrumentos transmisores y en el soporte que garantiza su ejercicio y, por tanto, en la herramienta indispensable para el funcionamiento y desarrollo del pluralismo en una sociedad democrática. Ésta es la teoría. En la práctica, muchas actitudes de los poderes públicos invalidan de facto este derecho fundamental bien restringiendo el acceso a la información o bien discriminando a los medios de comunicación críticos con su gestión. En sus algo más de ocho meses de gobierno, el Ejecutivo de Patxi López ha excluido a DEIA de nueve campañas de publicidad institucional (es decir, la que pagan todos los ciudadanos vascos) y de la publicación de anuncios oficiales que sí ha insertado en medios de comunicación complacientes y que en su línea editorial e informativa combatieron -en muchas ocasiones con actitudes dudosamente éticas desde el punto de vista deontológico- al nacionalismo gobernante, propiciaron el denominado "cambio" y ahora aplauden entusiastamente sus políticas y hasta sus ausencias. Es decir, que los lectores de DEIA y del Grupo Noticias no han tenido el reconocido derecho a acceder a información institucional en asuntos como los planes renove de la Spri, el apagón analógico, el bono cultura, la campaña contra el maltrato a la mujer, el Día del Euskera o la biodiversidad, entre otras campañas, incluidas las de EITB cuyos anuncios de promoción no han podido ver en nuestro periódico. Se da la circunstancia de que algunos de los responsables de la decisión sobre dónde insertar campañas o anuncios del Gobierno vasco provienen de medios (El Correo Español y El País) que están recibiendo publicidad institucional de forma en ocasiones generosa. La llegada a Lehendakaritza de nuevos profesionales encargados de poner orden en la política de comunicación de López debe significar el fin de estas prácticas arbitrarias y discriminatorias que vulneran claramente el principio de igualdad y suponen una quiebra de principios constitucionales básicos avalados por la jurisprudencia de los tribunales en casos similares.