EL Gobierno español que preside José Luis Rodríguez había negado más que San Pedro la posibilidad de una reforma del sistema de pensiones. Ya está sobre la mesa, aunque extendida de forma unilateral y extemporánea, sin consenso ni sentido de la medida y, por tanto, con las rectificaciones autoimpuestas. El Gobierno socialista, asimismo, había negado como San Pedro la posibilidad de una reforma del mercado de trabajo. "No hay ninguna reforma laboral en la agenda del Gobierno", replicó textualmente el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el pasado julio ante la insistente petición al respecto del gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La reforma ya está sobre la mesa de la sociedad, aunque en esta ocasión ha sido extendida con tanto cuidado de no molestar a sindicatos o patronal, hasta el punto de variar la agenda habitual tras el Consejo de Ministros, que ni disgustará ni contentará a unos y a otros... y será en una simple adecuación de aquella otra reforma que los socialistas ya llevaron a cabo en 2006 cuando lo que la situación exige es una auténtica catarsis, lo que en biología se entiende como la expulsión, espontánea o provocada, de las sustancias nocivas, que las hay y numerosas en el sistema regulador de las relaciones laborales en el Estado. La reforma, otra vez, queda a medio camino entre la necesidad y la virtualidad de medidas como la mayor libertad de horarios, la simplificación de contratos o eliminación de las bonificaciones y ni tan siquiera logra ocultar el radical cambio de criterio del Ejecutivo socialista en apenas seis meses y respecto a las dos materias fundamentales y con más incidencia social del sistema, confirmando la falta de criterio y la inseguridad que rigen las actuaciones gubernamentales... además del soterrado enfrentamiento entre Corbacho y la vicepresidenta económica Elena Salgado. De ahí los cinco objetivos, tan generales como inconcretos, marcados por Zapatero a la reforma y en los que no se vislumbra un horizonte nítido ni un sistema sólido para el medio y largo plazo. En realidad, si se atiende a lo conocido hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a trasladar al Estado español modelos ya en funcionamiento con relativo éxito en otros países de la UE, como es el caso del alemán, el kurzarbeit, que sin embargo tampoco sirve para la sin duda imprescindible reestructuración profunda, sino que se trata de un simple método de sujección a la espera de superar la crisis. Cierto es que en Alemania funciona, pero también que los dos sistemas no son idénticos y, por tanto, tampoco lo serán su aplicación y sus resultados. En definitiva, tras una semana crítica en todos los aspectos, el Gobierno sigue sin ofrecer un diseño claro de lo que él mismo entiende que debe ser el futuro de las relaciones laborales.