EL Gobierno vasco deberá promover la presencia institucional de Euskadi en los organismos internacionales, participando en la representación del Estado en las políticas que formen parte de nuestro ámbito competencial, o directamente cuando se admita la presencia de los entes regionales". La cita, bajo el epígrafe Una Euskadi abierta a Europa y al mundo, corresponde a la página 18 del Programa Electoral con el que el PSE y Patxi López se presentaron a las elecciones autonómicas del último 1 de marzo. Once meses después, los parlamentarios socialistas unieron ayer sus votos a los del PP para impedir que se aprobara en el Parlamento Vasco una moción del PNV con la exigencia de una presencia directa de Euskadi en las reuniones del Consejo de Ministros de la UE cuando se debatan materias de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma Vasca en base al artículo 20.3 del Estatuto de Gernika: "El País Vasco ejecutará los tratados y convenios en todo lo que afecte a las materias atribuidas a su competencia en este Estatuto". Al plegarse una vez más a su socio preferente para edulcorar la moción y reducirla a una petición al Gobierno español para que "impulse" una "mejora y refuerzo" de la participación de las comunidades autónomas -cuando no todas tienen además especificada en sus Estatutos dicha competencia- y pese a los juegos semánticos del texto de la moción, los socialistas no sólo eluden una responsabilidad al delegar en el Ejecutivo estatal y pese a los continuos incumplimientos una obligación del Gobierno López, la de defender los intereses de Euskadi y, por tanto, de su sociedad; sino que al mismo tiempo rompen de una sola vez tres compromisos: por un lado, su propio programa electoral que, en palabras de Patxi López, es en sí mismo el único programa de su gabinete. Por otro, aunque en este caso lo habían hecho ya reiteradamente, el Estatuto de Gernika que pretenden defender y prometen cumplimentar y que el propio López, en su discurso de investidura, juró "cumplir a rajatabla". Y, finalmente, un acuerdo parlamentario previo con los nacionalistas por el que la moción que debía salir adelante no era la transaccionada con el PP sino una nueva reclamación, siquiera atemperada, de un derecho que Euskadi lleva reclamando desde 1986 y del que otras administraciones subestatales de países miembros de la Unión Europea, como es el caso de las gewesten o régions belgas y los länder alemanes, ya disfrutan. Con ello, además, se retrata el doble nivel de subordinación de los socialistas y, por tanto, del Gobierno de Patxi López. El derivado del Acuerdo de Bases que firmaron con el PP y que condiciona incluso su actividad parlamentaria y el contrastado ya a los intereses del PSOE y del Gobierno de Rodríguez Zapatero aún en el caso de que estén en juego los derechos emanados de la ley que rige la relación entre Euskadi y el Estado y, por tanto, los de los ciudadanos vascos.