LA constante campaña de imagen del Gobierno de Patxi López ha situado durante esta semana, de forma altamente irresponsable, la labor de la Ertzaintza en el ojo del huracán. El consejero Rodolfo Ares y el cada día más desbocado portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, se han encargado de arrogarse para sí -intentando hacerlo en su beneficio político- una brillante operación terrorista gestada, como bien saben los responsables del PSE y del Gobierno, desde muchos meses atrás, cuando Javier Balza era consejero de Interior. La política llevada a cabo por Ares en la Consejería ha estado marcada desde el inicio de la legislatura por la utilización de la Ertzaintza para dar la sensación pública de que las cosas han cambiado -la imagen del famoso cambio- con respecto a la gestión nacionalista. No cabe duda de que la lucha contra ETA es una de las tareas principales de la Policía vasca, labor que debe realizarse sin más utilizaciones torticeras. Sin embargo, hay ámbitos en los que, quizá porque los responsables de Interior consideran que no da réditos en imagen, quedan en cierto modo desprotegidos. Es el caso de la seguridad ciudadana en Bizkaia, donde se está extendiendo el miedo entre la población ante la proliferación de delitos, algunos de ellos violentos, en forma de robos y agresiones. Ante esta situación de indefensión, los alcaldes de las zonas afectadas -que en la práctica son todas las comarcas vizcainas- han solicitado reiteradamente al Departamento que dirige Rodolfo Ares que tome medidas para atajar el grave problema de inseguridad que padecen los vecinos. Lo que piden, sencillamente, es que haya mayor dotación de ertzainas, lo que no es en absoluto descabellado ya que, en la situación actual, los efectivos policiales pueden tardar más de media hora en llegar al lugar donde se ha cometido el delito. Hace apenas una semana, DEIA publicó diversos testimonios de vecinos de zonas afectadas por esta oleada de delitos entre los que se encontraba el de un comerciante víctima de varios robos que aseguraba haber llegado en varias ocasiones antes que la propia Ertzaintza tras saltar la alarma. Más preocupante aún es el hecho de que, según datos de Interior, los delitos llamados comunes han experimentado un ligero aumento durante 2009 mientras, por contra, el número de detenciones ha descendido. El Gobierno que dirige Patxi López tiene la obligación política y moral de responder a esta demanda generalizada en comarcas como Mungialdea-Uribe, Arratia, Enkarterri o Durangaldea, donde, por su propia configuración con zonas o casas aisladas, se produce un alto grado de inseguridad ciudadana con graves delitos. No es de recibo que los vecinos, como destacaba alguno de ellos, tenga que dormir con un spray de protección en su mesilla de noche.