LA primera reunión en seis meses a la que Patxi López ha convocado al partido mayoritario en el Parlamento Vasco se salda con una rebaja de la tensión provocada por las diversas declaraciones previas de dirigentes socialistas contra el PNV, un compromiso para excluir la lucha contra el terrorismo del debate partidista y un decálogo de intenciones sectoriales que si algo muestran es que la formación que lidera Iñigo Urkullu está dispuesta a ir más allá de las palabras en la colaboración para afrontar la crisis que afecta a Euskadi y sus repercursiones sociales. En este campo, sin embargo, la obligación de presentar y desarrollar proyectos específicos corresponde a quien ejerce la responsabilidad de gobierno y, por extensión, a la formación que le aupó al mismo y a la que los socialistas, bajo la consideración de "socio preferente", han otorgado algo más que capacidad de influencia. Que el PNV esté dispuesto a participar en el análisis y hasta en la puesta en marcha de políticas tan directamente ligadas a la recuperación económica y el desarrollo del país como las de empleo, sostenibilidad de las políticas sociales, racionalización y modernización de las administraciones, política fiscal y lucha contra el fraude, impulso de la ciencia y la innovación o medio ambiente, entre otras, no obvia que en estos ámbitos -y en otros no citados por López pero tan imprescindibles en Euskadi como la política industrial- se precisan ideas, proyectos y planes mucho más concretos que el decálogo que maneja el jefe del Ejecutivo y cuya definición se sitúa en el debe de los departamentos que componen el Gobierno desde hace ya nueve meses. En otras palabras, que la colaboración no implica mayores niveles de compromiso que aquellos que el primer partido del país ha adquirido con la sociedad vasca. Y es ahí donde entran tanto el cumplimiento íntegro del Estatuto como la consecución de un nuevo marco jurídico que permita alcanzar mayores cotas de autogobierno. Primero, porque a ello se comprometió el PNV con quienes le votaron mayoritariamente. Segundo, porque las últimas décadas demuestran, pese a los límites puestos por el Estado al pleno desarrollo del Estatuto, que una capacidad de decisión más amplia lleva aparejado un mayor nivel de bienestar y desarrollo. Y tercero, porque la obligación del primer partido de Euskadi seguirá siendo el control de la acción gubernamental, lo que incluye comprobar el cumplimiento de las promesas que López y el PSE incluyeron en un programa electoral al que los socialistas dan categoría de programa de gobierno y que contemplaba una revisión del actual marco que ahora, debido a las obligaciones contraídas con el PP, no están en disposición de cumplir. Pero esa supeditación de los intereses de Euskadi a la ambición de alcanzar la Lehendakaritza también es una responsabilidad exclusiva de la que López y el PSE deberán responder ante la sociedad.