EL nuevo bloqueo de la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirma otra vez como imprescindible la reforma en profundidad, desde su raíz, de un sistema de Justicia que se evidencia ya absolutamente dependiente del poder político. Con la rémora inicial de la nunca realizada transición en el ámbito de la magistratura, el continuo proceso de politización -al que no ha sido ajeno el interés del Estado por reforzar la idea unitaria de España- ha llevado en la práctica a una fusión de poderes tras finiquitar la pretendida independencia judicial que emana del art. 117.1 de la Constitución de 1978. Y lo ha hecho mediante la utilización partidista de los límites que a esa independencia planteaba y plantea el método de designación de los miembros de sus órganos de gobierno contemplado en el art. 122 de la Carta Magna. De dicha utilización bastarda surge la división de la judicatura en dos grandes corrientes ideológicas que coinciden con los dos principales partidos de ámbito estatal y de ésta, la oclusión de decisiones y designaciones que van desde la propia renovación del Tribunal Constitucional al relevo en la presidencia del TSJPV o en las de los tribunales superiores de Cataluña y Valencia. Así lo ven incluso el medio millar de jueces -de un colectivo que engloba a 4.860- firmantes de un manifiesto por la despolitización e independencia de la Justicia en el que se denuncia la ocupación progresiva de la magistratura por el poder político a partir de 1985. Curiosamente en coincidencia con el proceso uniformador del Estado mediante leyes específicas y decretos que fuerzan una lectura restrictiva del texto constitucional, especialmente en el ámbito del autogobierno. En cualquier caso, los jueces no están exentos de culpa, ni mucho menos, en ese proceso de fusión que, además, ha desembocado en un cuestionamiento generalizado de la judicatura que el propio poder judicial ha venido fomentando al servirse de la citada y creciente injerencia para la creación de élites judiciales generalmente alejadas de la realidad social -lo que es aún más notorio, salvo contadas excepciones, en Euskadi- en muchas de cuyas decisiones pesa más la conveniencia política y lo que se deriva de ésta que la aplicación de la ley en concordancia con los criterios arraigados en la sociedad, la ecuanimidad y la justicia. Rectificar esas dos grandes desviaciones, la politización y el alejamiento de la ciudadanía, obliga a una modificación ya urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial mucho más amplia que la que el propio CGPJ pretende únicamente para agilizar los procedimientos, una reforma que ponga coto a la influencia de los partidos en el ámbito judicial y acerque a los jueces a la sociedad mediante una descentralización radical del sistema de administración de Justicia.