EL Ministerio de Trabajo español no ha tenido más remedio que aceptar, siquiera de modo implícito, lo que su titular, Celestino Corbacho, había venido negando reiteradamente durante todo el pasado año. El Estado español ha cerrado 2009 con cuatro millones de parados que el ministerio maquilla (sus cifras oficiales son de 3.923.603 desempleados, en cualquier caso el nivel más alto desde 1996) para no desdecir al ministro y pese a que las últimas Encuestas de Población Activa (EPA) ya confirmaban la evidencia de que el número de parados había superado esa cifra. Concretamente, 4.123.300 en el tercer trimestre... a falta de la EPA que cierra la estadística de 2009 y que se hará pública a finales de esta semana. Los analistas ya anuncian que el número de parados rondará los 4.230.000 -lo que significaría la destrucción neta de más de cien mil empleos- con una tasa superior al 18,5% y ya no tan lejana de aquel terrorífico 22,8% de 1990 cuando además el propio Corbacho avanza que en enero el paro volverá a crecer en niveles similares a los de enero de 2008, es decir, en torno a 130.000 personas; con lo que ya en el primer trimestre del año el número de parados podría estar más cerca de los cuatro millones y medio que de los cuatro millones, de los que más de un tercio se encuentran sin cobertura. Es cierto que esas cifras se limitan en buena medida en Euskadi, donde la crisis afectó menos y más tarde, con porcentajes de paro del 10% y el 11% en Nafarroa y la CAV respectivamente según la anterior EPA, pero también lo es que las previsiones de las patronales vascas auguran que el desempleo seguirá creciendo durante el recién iniciado 2010 y que no se comenzará a crear empleo hasta dentro de cuatro años, dos años después de lo previsto por el Gobierno de Patxi López. En otras palabras, el publicitado principio del fin de la crisis puede apoyarse en datos macroeconómicos, por otro parte relativamente fáciles de manejar -valgan las cifras del paro aportadas por el ministerio como ejemplo-, que responden a intereses muy diversos; pero no tiene traslación a la realidad de las economías de las familias y del tejido productivo vasco. Ello impide, o dificulta sobremanera, que sea la incentivación del consumo, como pretenden, uno de los motores de la recuperación; mucho menos si al mismo tiempo se pretende lo que eufemísticamente denominan "acuerdos en materia de mejora de flujo laboral" y que no es sino la flexibilización del mercado de trabajo y la consiguiente dosis de inseguridad que no fomenta precisamente el consumo. En realidad, lo que es preciso e incluso urgente es el diseño de medidas estructurales a medio plazo que incidan en la competitividad de las empresas más allá del ángulo de las relaciones laborales y desarrollen un marco de innovación permanente; medidas que hasta ahora los gobiernos socialistas no han sido capaces no ya de plantear sino ni siquiera de esbozar.