EL archivo por el Tribunal Supremo de la causa abierta hace ya más de dos años contra el lehendakari Juan José Ibarretxe y los por entonces responsables del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, junto a cinco miembros de la izquierda aber-tzale (Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena) por sus conversaciones políticas en el transcurso de la tregua que ETA mantuvo entre marzo de 2006 y junio de 2007 constituye, por fin, el cierre de un absurdo jurídico y político que nunca debería haber tenido lugar y que, en cualquier caso, ha supuesto un grave y peligroso precedente de judicialización de la política. La constatación unánime por los cinco magistrados del TS de que el diálogo entre representantes políticos nunca puede suponer un delito, aunque lógica traslación jurídica de una verdad de perogrullo, no es sino el punto final de la depreciación de un principio básico al que han pretendido rebajar y convertir, a través de un largo e inexplicable proceso, en mera resolución judicial otorgando a los tribunales la facultad impropia de juzgar la base misma de la democracia. Con el agravante de que, también esta vez, el devenir del caso, tanto en su inicio como en su desarrollo, ha estado impulsado y trufado de motivaciones e intereses políticos que poco o nada tienen que ver con una correcta interpretación de los derechos y fundamentos de una sociedad democrática. El archivo de la causa, es evidente, conlleva un sosiego, bien que menor, para quienes ya han sufrido la denominada pena de banquillo durante más de dos años; pero ello no debe ocultar que, al mismo tiempo y llegados a este punto, elimina los problemas que la continuidad del proceso hubiese supuesto al propio Poder Judicial, cuya legitimidad se ha visto ya castigada a raíz del recurso sobre el Estatut de Catalunya ante el Tribunal Constitucional. Ni que mitiga en parte los grandes interrogantes que el proceso había colocado sobre la lógica democrática en el Estado español. Como tampoco se puede olvidar que en el origen primigenio de la propia causa se encuentra una Ley de Partidos que fue fruto del denominado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado el año 2000 por el PP y el PSOE a instancias de este último y que incluso textualmente inició lo que el encausamiento del lehendakari Juan José Ibarretxe ha venido reflejando desde octubre de 2007: la criminalización del nacionalismo vasco. Constatado todo ello, el hecho de que el Tribunal Supremo haya archivado la causa entrando finalmente al fondo de la cuestión, que no es sino el imprescindible respeto al anteriormente citado principio democrático básico, no debe impedir la exigencia de una compensación para los injustamente encausados durante veintisiete meses, tanto por el perjuicio personal como por el quebranto político.