Enredados en la red

EL proyecto de creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que el Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha incluido en la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, por la que dicha comisión podría cortar la conexión a internet de quienes acceden a contenidos protegidos por derechos de autor o bloquear las webs que los alojen sin el debido permiso, ha levantado una auténtica revolución en la red agravada por la actitud mantenida por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en su reunión con desatacados internautas de todo el Estado y que resume, al menos en parte, el modus operandi del Ejecutivo español también en esta materia. No cabe duda de que la regulación del tráfico de contenidos en internet es una necesidad que otros países, como Francia, Alemania o Gran Bretaña también han tratado de resolver mediante medidas punitivas incluso más duras que las que se especifican en el proyecto normativo español, pero tampoco se puede obviar que la extremadamente fina línea que separa la protección de la propiedad intelectual del derecho a la libre expresión y comunicación invita a que los legisladores hagan gala de una extrema prudencia y una especial transparencia al respecto. Sin embargo, el intento de modificar la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información mediante la inclusión de una disposición final en un anteproyecto tan extenso -y por otra parte tan inconcreto en otras materias- como el de la Ley de Economía Sostenible no parece atenerse a esa exigencia de claridad. Y el haberlo presentado sin tener consideración a todas las partes en litigio, especialmente a aquella que podía sentirse más afectada por la nueva normativa, tampoco responde al exigible principio de cautela política. En todo caso, la polémica desatada por el proyecto de González-Sinde que es, no hay que olvidarlo, el proyecto de todo el Gobierno socialista al ir englobado en una ley mucha más amplia salida del Consejo de Ministros; saca a la luz por enésima vez el grado de improvisación en el que se mueve el Ejecutivo Zapatero y la falta de consenso interno entre sus propios componentes. Lo demuestra el hecho de que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño cuestionara ayer mismo públicamente el cierre de webs sin orden judicial, tal y como se plantea en el proyecto de González-Sinde, y que el mismo Zapatero se viese obligado a intervenir en la polémica para afirmar tajantemente que "no se va a cerrar nada, ninguna página web ni ningún blog" y mostrarse dispuesto a modificar el proyecto de ley para contentar a todas las partes, consenso que, en realidad, debía haberse buscado tanto interna como externamente con anterioridad a la presentación del proyecto. Rectificar una vez es de sabios. Hacerlo muchas...