La acusación contra el gobernador de Sinaloa de vínculos con los narcos abre una nueva brecha entre México y EE.UU.

La delicada relación entre México y Estados Unidos ha vuelto a tensarse una vez más. Esta vez el motivo ha sido la acusación lanzada por el Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico. Una acusación que ha obligado a la presidenta mexicana,Claudia Sheinbaum, a fijar una postura clara: su Gobierno no encubrirá delitos, pero no permitirá "la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero".

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político", señaló este jueves la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

"El artículo 39 de la Constitución es muy claro: la soberanía emana del pueblo", agregó, si bien la presidenta no se pronunció al ser preguntada por un periodista si esto responde a una motivación electoral por parte de la Administración Trump.

Los Chapitos

El Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, formalizó el pasado miércoles cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán (capital del estado). A todos ellos les vinculó con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos. Según la acusación, habrían facilitado operaciones criminales, filtrado información sensible y permitido el tránsito de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios y apoyo político.

La decisión, impulsada por el fiscal federal Jay Clayton, representa uno de los golpes más severos lanzados por Washington contra cargos públicos mexicanos en los últimos años.

"Pruebas contundentes e irrefutables"

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, que fueron trasladadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación mexicana.

La mandataria insistió en que cualquier actuación deberá ceñirse al marco jurídico mexicano: “Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables (…) deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

En ese mismo sentido, criticó que, según la información enviada por EE.UU. las pruebas se basan en el "dicho de una persona", pero insistió que deben haber "pruebas contundentes" para que se gire una orden de aprehensión.

El gobernador de Sinaloa rechaza las acusaciones

Por su parte, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que forman parte de un “ataque” no solo contra su persona, sino contra el proyecto político que encabeza Sheinbaum. En su primera reacción pública, el mandatario se mostró confiado: dijo estar “tranquilo”, centrado en su trabajo y aseguró que “no pasará nada”.

El episodio se produce, además, en un contexto ya enrarecido por la polémica en torno a la presunta presencia de agentes estadounidenses en operativos en el estado de Chihuahua, lo que ha alimentado el debate sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad. En este escenario, la presidenta mexicana insistió en que la relación con Estados Unidos debe darse en términos de igualdad. "México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca de subordinación y menos de entreguismo", concluyó.