La polémica ley migratoria de Texas (EE.UU.) que permite al estado arrestar y deportar a migrantes que hayan cruzado de manera irregular volvió ayer a un tribunal de apelaciones, que deberá decidir si se autoriza o no aplicar la normativa.
El martes, el Supremo de EE.UU. emitió una orden que daba luz verde para que la ley entrara en efecto. Esta decisión duró solo unas horas, ya que la corte de apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), intervino y prohibió su implementación hasta que sus magistrados emitan un fallo definitivo.
El panel, compuesto por tres jueces federales, se dio cita para escuchar los argumentos de los abogados del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. y del Gobierno de Joe Biden, enfrentados sobre la pregunta de quién tiene la potestad para ejercer las leyes migratorias de EE.UU. en la zona fronteriza.
Una ley dura
La nueva regla tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular a Texas desde México. A su vez, permite que los jueces del estado ordenen que los migrantes arrestados bajo este nuevo delito sean expulsados a territorio mexicano.
Durante la audiencia de ayer, el abogado en representación de Texas, Aaron Nielson, argumentó que la nueva legislación “imita” la ley federal y responde a un intento de Texas por “defenderse a sí mismo” ante una “crisis migratoria” en la frontera. “En Texas hemos decidido que, como estamos en el epicentro de esta crisis, vamos a hacer algo al respecto”, señaló.
La jueza Priscilla Richman presionó al abogado con preguntas sobre cómo funcionaría esta ley en el día a día, teniendo en cuenta que permite a las autoridades arrestar a una persona bajo la “sospecha” de que haya cruzado irregularmente la frontera.
Nielson reconoció no saber de qué manera se aplicaría en varios escenarios que planteó la jueza, por ejemplo si las autoridades arrestan a un migrante que lleva años viviendo en EE.UU. o si es una persona que ha solicitado asilo.
El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Tenny, hizo énfasis en que las cortes han fallado en el pasado en contra de que un estado aplique las leyes de migración de EE.UU., que son ejecutadas por el gobierno federal. En concreto, hizo referencia a una decisión del Supremo de 2012 sobre una ley similar que intentó promulgar Arizona, cuando los magistrados concluyeron que los estados no pueden emitir sus propias leyes migratorias.
Solo uno de los tres jueces, el magistrado Andrew Holman, quien fue nominado por el expresidente republicano Donald Trump, se mostró más escéptico frente a los argumentos del gobierno de Biden.
Avalancha de críticas La ley, que fue aprobada por la legislatura estatal de Texas el año pasado, ha provocado una avalancha de críticas por parte de organizaciones en defensa de los derechos civiles.
La organización ACLU, quien se unió a la demanda para presionar en contra de la norma, ha denunciado que, de ser implementada, llevaría a que las autoridades locales actuaran de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.
La batalla legal por esta norma es el último ejemplo del enfrentamiento entre el gobierno de Texas y el ejecutivo federal.
Abbott, un aliado cercano de Trump, ha acusado a Biden de provocar una “crisis” en la frontera y ha lanzado medidas para restringir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo desde México.
Advertencia de México
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió ayer de que México no aceptará deportaciones por la “draconiana” ley migratoria del estado de Texas. “Nosotros no vamos a aceptar deportaciones del Gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, señaló en una rueda de prensa, agregando que la legislación es “completamente contraria a los Derechos Humanos”.
Honduras
Rechaza la ley. Según señaló ayer el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, en la red social X, la ley migratoria “criminaliza excesivamente la migración, provocará la separación de familias, fomentará la discriminación y atenta contra los derechos humanos y la dignidad de los migrantes que viven situaciones muy difíciles”. “Honduras reprueba medidas que tienden a crear condiciones humanitarias más complicadas para los migrantes y sus familias”, subrayó el diplomático hondureño a través de la red social.
