El Tribunal Supremo de Georgia (Estados Unidos) ha ratificado la prohibición del aborto a partir de las seis semanas de embarazo promulgada por un tribunal estatal a finales de julio.
Esta sentencia ha revocado la decisión de otro tribunal que pretendía anular algunos artículos de la 'ley LIFE' (vida, en inglés) del estado de Georgia, según ha informado la cadena estadounidense CNN.
La 'ley LIFE' prohíbe el aborto a partir de la detección de actividad cardíaca precoz, que puede ocurrir a las seis semanas de embarazo, momento en el que el embarazo puede no haber sido detectado. La jurisprudencia admite excepciones para emergencias médicas, casos de violación e incesto que hayan sido denunciados a la Policía y casos en los que se determine que un feto no es viable por problemas médicos.
"REDOBLANDO ESFUERZOS"
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha tachado la decisión de "devastadora", y ha advertido que el Partido Republicano está "redoblando esfuerzos" para pedir una prohibición nacional.
"El Tribunal Supremo de Georgia ha confirmado una devastadora prohibición del aborto que ha despojado de su libertad reproductiva a millones de mujeres en Georgia y ha amenazado a los médicos con penas de cárcel por prestar asistencia", ha declarado Jean-Pierre.
Además, ha señalado que, desde que el Tribunal Supremo anulara en junio de 2022 el caso Roe contra Wade, "se ha negado a las mujeres la atención médica que necesitan desesperadamente para preservar su salud" y se les "ha obligado a viajar cientos de kilómetros para recibir atención médica".
En ese sentido, ha asegurado que la Administración Biden seguirá "luchando" para restablecer las protecciones del fallo Roe contra Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se lleva usando en el país desde 1973.
Georgia se une así a un creciente número de estados que prohíben o restringen los abortos en el país norteamericano. Muchas de las leyes han entrado en vigor después de que el Tribunal Supremo anulara en junio de 2022 el caso Roe contra Wade, devolviendo la cuestión de la legalidad del aborto a los estados.
