“Vivos se los llevaron”

FELIPE Arnulfo Rosa tiene 20 años. Es originario de Ayutla de los Libres, un municipio pobre del estado mexicano de Guerrero, pero estudia en Ayo-tzinapa, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida por su tradición de lucha izquierdista. El 26 de septiembre de 2014, Felipe acudió junto a un grupo de compañeros a la localidad de Iguala con el objetivo de recaudar fondos para acudir a la capital mexicana al aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco, que se celebra cada 2 de octubre en el Distrito Federal. Esa noche se perdió su rastro, así como el de 42 de sus compañeros de escuela. Han pasado seis meses y su madre, Dominga, indígena Na Savi, se levanta cada mañana solo con una ilusión: volver a ver a su hijo.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa podría ser uno más entre los miles que se registran cada año en un país que hasta ahora ha ignorado esta crisis humanitaria. Sin embargo, su desaparición ha dado la vuelta al mundo, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Enrique Peña Nieto y ha despertado a una sociedad que ya no quiere guardar más silencio. En un intento de cerrar el caso, la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía mexicana, presentó las conclusiones de su investigación: que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes coludidos con las autoridades locales de Iguala en el basurero del municipio de Cocula y sus restos, lanzados al río San Juan. Sin embargo, esta tesis es rechazada por los padres de los jóvenes y cuestionada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El testimonio de los detenidos llevó a la PGR al río San Juan, donde recuperó una bolsa con 17 restos óseos, de los cuales uno fue identificado por ADN como perteneciente a uno de los estudiantes, Alexander Mora, por una laboratorio austriaco. En un comunicado de respuesta a las conclusiones de las autoridades mexicanas, los forenses argentinos corroboraron la identificación de Mora, sin embargo, también advirtieron de que, por el momento, ninguno de los restos encontrado en el basurero de Cocula se corresponde con los estudiantes. Asimismo, los forenses argentinos explican en el comunicado que ellos no estuvieron presentes en el hallazgo de la bolsa y que cuando llegaron al lugar, avisados por la PGR, esta había sido abierta. “Un número importante de fragmentos aparentemente provenientes de esa bolsa se encontraban ya expuestos sobre una lona”, aseguran. Por todo ello, el EAAF sostiene que, “esto no excluye la posibilidad de que algunos normalistas hayan corrido la suerte señalada por la PGR”, pero que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan”.

Mientras, los familiares de los 43 estudiantes siguen gritando alto y fuerte una frase que se ha convertido en símbolo de lucha ante un Estado indiferente al sufrimiento de sus ciudadanos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Críticas

La periodista mexicana Sanjuana Martínez es una de las personalidades que se ha mostrado crítica con la gestión de esta crisis al acusar al Gobierno de tratar de criminalizar y desacreditar al movimiento estudiantil de los normalistas: “Cuando se presenta la desaparición, la versión que la Secretaría del Gobierno da a los periodistas que empezamos a seguir el caso dictaba que los estudiantes eran parte de Los Rojos, organización antagónica a Guerreros Unidos”, señala. Finalmente, la versión de las autoridades presenta al grupo de estudiantes y su actuación aquella tarde en Iguala como la propia de una guerrilla violenta. “El Estado quiere dar esta versión porque paralelamente a la desaparición de los 43 hubo un despertar de la sociedad (...) Fue gracias a esas manifestaciones que nos dimos cuenta del hartazgo de este pueblo, del cansancio de una clase política corrupta capaz de desaparecer a 43”.

Ante la notoriedad y gravedad del caso, el Gobierno mexicano aceptó la creación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de un Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), formado por el abogado chileno Francisco Cox, la jurista colombiana Ángela Buitrago y el experto vasco en investigaciones sobre víctimas de violaciones de Derechos Humanos Carlos Beristain. El grupo realizó su primera visita al país entre el 1 y 19 de marzo, tras la cual instó a las autoridades judiciales a analizarlo como un posible caso de desaparición forzada y no solo como homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

En una rueda de prensa en la que presentaron sus primeras conclusiones, los expertos subrayaron que catalogarlo como desaparición forzada hace que el delito sea reconocido como un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Sin embargo, la PGR respondió que los hechos de Iguala “por más aberrantes que resulten, no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad”. “En el presente asunto no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que, si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”, respondió la institución a una petición de información pública presentada por el diario La Jornada.

Los expertos también solicitaron al Gobierno continuar con la búsqueda de los estudiantes, dar atención psicológica y médica a los familiares, resguardar adecuadamente toda la información sobre el caso y otorgar a los especialistas una copia electrónica completa del expediente. Asimismo, pidieron una segunda opinión y una evaluación clínica de un especialista en neurología para el normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra aún en coma como consecuencia de las heridas de bala que le causó la policía municipal de Iguala. Pero el grupo de expertos no se queda en este caso. “La investigación de los normalistas ha llevado a descubrir decenas de cuerpos de personas en fosas clandestinas”, apunta el grupo, que considera importante contar con un mapa de fosas actualizado y casos relacionados con ellas. Su próxima visita al país comenzará el 6 de abril.