MARÍA tiene 17 años. Salió de Honduras después de perder a un hermano a manos de las pandillas; ella misma fue amenazada y decidió huir. Lo hizo sola, con la única compañía de los traficantes de personas y de otros menores que, como ella, emprendieron un peligroso viaje de miles de kilómetros hasta Estados Unidos plagado de crueldad. Asaltos, mutilaciones, violaciones, hambre y frío es la pesadilla a la que se enfrentan los cientos de miles de centroamericanos que cada año intentan esta travesía. “A mí me violaron en México”, explica esta joven hondureña, aún conmocionada. “No se me va de la cabeza”.

Ya a salvo en Miami, María asegura que nunca repetiría esta experiencia. “Es muy dolorosa”, deja claro. La joven hondureña cruzó el Río Grande con la ayuda de un “coyote” -traficante de personas- y fue interceptada por la Patrulla Fronteriza en Texas. De ahí fue enviada a Miami, donde reside desde hace 15 años su hermana mayor. Ella también huyó entonces de la violencia. María pensaba que había alcanzado su sueño, que había llegado a su destino; sin embargo, ahora se encuentra en pleno proceso de deportación.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes explican que los traficantes contactan con los inmigrantes en sus pueblos de origen y les ofrecen llevarlos a Estados Unidos con promesas falsas. “Les dicen que allí conseguirán los papeles, que todo es muy sencillo”, asegura Jorge Mario Cabrera, activista de Los Ángeles. Pero cuando llegan a Estados Unidos, la realidad a la que se enfrentan es muy diferente: el proceso judicial para su deportación.

En otros casos son los progenitores, residentes en Estados Unidos desde hace años, quienes hacen todo lo posible para tener a sus hijos con ellos. “La situación económica de la comunidad centroamericana en Estados Unidos ha ido mejorando. De estar en un cuarto viviendo por turnos, ahora algunos pueden pagar 1.000 dólares y alquilar una casa a las afueras de una ciudad. Ahora más gente puede pagar el viaje para traer a sus hijos. La situación económica de algunos junto al miedo por la situación que se vive en Honduras o El Salvador hace que los traigan. Tienen miedo de que sus hijas adolescentes sean violadas o sus hijos reclutados. Pero, como no ven la oportunidad de hacerlo legalmente, acuden a coyotes”, explica Cabrera.

Cuando los menores son interceptados por las autoridades estadounidenses, como en el caso de María, son ubicados con sus familiares más directos residentes en Estados Unidos -sus padres, hermanos mayores de edad o tíos- hasta que se resuelve el largo proceso de deportación. El Departamento de Salud no pregunta por el estatus migratorio para entregar al menor, solo comprueba que sean sus familiares. Esto es así desde 2008, tras la aprobación de una ley durante el mandato de George W. Bush. Sin embargo, ahora, todo este proceso se ha puesto en cuestión.

Iniciativas legales Desde el pasado septiembre, casi 60.000 menores solos han llegado a Estados Unidos de forma irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras. Una media de 300 al día. Huyen de la violencia y la miseria, y ansían una vida mejor. Pero en Estados Unidos han saltado todas las alarmas. El presidente Barack Obama solicitó hace unas semanas 3.700 millones de dólares adicionales al legislativo para hacer frente a esta situación, pero los republicanos han condicionado su aprobación a que se cambie la ley que alarga meses e incluso años el proceso de deportación de los menores centroamericanos.

La oposición estadounidense quiere que se aplique a estos la misma norma que a los menores mexicanos, cuya expulsión es inmediata. Los legisladores conservadores quieren, además, un mayor refuerzo de la seguridad fronteriza, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo y ha comenzado el receso estival de los legisladores, con lo que el debate queda postergado hasta septiembre. “Me preocupa especialmente que Estados Unidos pueda estar tomando medidas para a la mayoría de esos niños”, sostuvo el pasado jueves la Alta Comisionada para los Derechos Humano, Navi Pillay, quien denunció la existencia de “cien informes de ONG en los que se habla de supuestos abusos físicos, verbales y sexuales por parte de los agentes hacia los niños”.

Provecho electoral Esta nueva crisis migratoria, además, ha comenzado a ser aprovechada electoralmente por los republicanos de estados abiertamente antiinmigrantes. Es el caso de Arizona, que el próximo noviembre elige a su próximo gobernador y la nueva composición del Congreso estatal. Antes, este mismo mes, celebrará elecciones primarias para escoger a los candidatos. Linda Herrera, miembro de la organización Somos América, está alarmada por los discursos de algunos políticos de Arizona sobre esta cuestión. Es el caso de Paul Babeu, alguacil del condado de Pinal, quien ha alertado de la posibilidad de que, entre los menores inmigrantes, viajen miembros de las peligrosas pandillas centroamericanas que pretenden instalarse en Estados Unidos. “Los niños centroamericanos no son ninguna amenaza, son víctimas, refugiados que debemos ayudar. Babeu no solo está especulando sino también está utilizando recursos públicos para ayudar a su propia campaña”, denuncia Herrera.

En otro de los estados fronterizos, Texas, el gobernador Rick Perry ha anunciado el despliegue de mil soldados de la Guardia Nacional a partir del próximo mes en la frontera con México con el objetivo de hacer frente a la llegada masiva de menores centroamericanos. “No voy a quedarme de brazos cruzados. El precio de la inacción es demasiado alto”, señaló el gobernador, que suena de nuevo como precandidato republicano.

reforma migratoria Esta crisis llega además en un momento en el que el proyecto de reforma migratoria está estancado. Hace un año, el 27 de junio de 2013, la población inmigrante celebraba la aprobación, en el Senado, de un plan que abría la puerta a la legalización de once millones de indocumentados. Sin embargo, el proyecto no prospera en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

La comunidad latina recibió con entusiasmo esta noticia, pero sus ilusiones vuelven a evaporarse al tiempo que ve cómo la crisis de los menores centra todo el debate migratorio. Mientras, continúa el promedio de 400.000 deportaciones por año de la Administración Obama, el conocido como Deporter in chief entre los inmigrantes. El presidente argumenta que su deber es cumplir la ley.

El debate en Estados Unidos está centrado en clave interna. Sin embargo, los expertos y activistas insisten en que mientras no se fije la mirada en las raíces del problema -la violencia y la miseria en Centroamérica-, no se hallará una solución.