La derrota de Viktor Orbán en Hungría ha sido abiertamente celebrada en las instituciones europeas como una victoria de la democracia frente al populismo autoritario. Una catarsis del modelo democrático y colaborativo enfocado a los derechos y el bienestar que representa el proyecto colectivo y la constatación tranquilizadora de que aún hay espacio para vencer a la manipulación que crea estados de opinión. No obstante, no debería quedarse ahí y esta derrota del populismo debería abrir una ventana de oportunidad que la Unión Europea (UE) no puede desaprovechar. Frenar a un líder que vació el Estado de derecho y se alineó con Moscú y con los movimientos más reaccionarios no solo alivia, sino que debe mover a revisar los mecanismos que permitieron ese deterioro desde dentro.
La UE ha lidiado con el caso húngaro a golpe de advertencias, congelación de fondos y negociaciones interminables para sortear sus vetos en política exterior, presupuestos o ayuda a Ucrania. El resultado ha sido una mezcla de fatiga institucional y una peligrosa sensación de impunidad para los gobiernos que pretenden reducir la Unión a una simple vía de financiación y acceso al mercado, vaciándola de exigencia democrática. De hecho, el entramado comunitario se ha mostrado endeble frente al proceso de apropiación de poder, limitación de derechos y desequilibrio de poderes que ha protagonizando el modelo Orbán, hasta convertirse en ejemplo a seguir por otros populismos. En un marco colectivo en el que se adoptan decisiones que afectan a lo local a través de la financiación y cohesión, política agraria, industrial o energética común, la discusión no es abstracta. En este espacio de reflexión encaja la recurrente duda sobre la toma de decisiones, aflorado de nuevo por boca de la presidenta de la Comisión y resumido desde hace décadas en las dudas sobre las diferentes velocidades de integración. Lo que se decida ahora en Bruselas sobre exigencias democráticas, mayorías o capacidad de suspender derechos a Estados miembros tendrá consecuencias directas sobre inversiones, empleo y seguridad jurídica. Europa necesita blindar el Estado de derecho impidiendo que populismos iliberales capturen medios, justicia y administración y los vuelven contra ella. El próximo impulso a la integración debe orientarse en ese sentido.
