Dos interlocutores del PP se reunieron con otros tantos de Junts, café mediante, para sondear un eventual apoyo a la hipotética presidencia de Feijóo. Una práctica lógica en democracia salvo si se censura hasta la criminalización cuando la realizan otros, lo que constituye una manifiesta doble vara de medir en la que por otra parte el PP es reincidente. Valgan como ejemplos la negociación con ETA y el acercamiento de presos o la renovación de la cúpula del Poder Judicial que la derecha condiciona cuando no gobierna al cambio en el método de elección de los magistrados. En el colmo del cinismo, el PP promueve ahora con total impudicia, aunque en efecto de forma improductiva, la disolución de siglas que como Junts puedan incurrir a futuro en “deslealtad constitucional” al auspiciar declaraciones de independencia o consultas ilegales. Una tipificación penal absolutamente vidriosa cuando además la denominada Carta Magna no es militante en tanto que asume la legítima aspiración a modificarla por los cauces establecidos -rigoristas, eso sí- y da cabida a la discrepancia, para empezar con la Monarquía parlamentaria que consagra. Subyace en el fondo una concepción reduccionista de la propia democracia y de un Estado español diverso y plurinacional. Y se observa con claridad meridiana la pretensión -se insiste en que afortunadamente de manera estéril- de minar la pluralidad que el PP no está sabiendo canalizar, hasta el punto de que proclama su determinación de “rearmar al Estado” a golpe de ilegalizaciones propias de regímenes autoritarios. Más allá de constatar la paradoja de semejante fervor constitucional en el PP cuando la mitad de los diputados de su partido nodriza (AP) no votó a favor de la Constitución, resulta penoso el seguidismo de Feijóo respecto de Abascal para ver quién tiene la enmienda más larga a la ley de amnistía, cuyo inflamado debate evidencia que el PP sigue atrapado en su laberinto. Perdido en la radicalidad tras ganar unas elecciones sin capacidad de acceder a la Moncloa, antes que nada por abrazarse a la ultraderecha para cogobernar hasta cinco comunidades y docenas de ayuntamientos. Lamentablemente, ninguna rectificación cabe esperar ni en el medio plazo, toda vez que la dirección popular ya ha adelantado que los comicios europeos de junio próximo serán una “segunda vuelta” de los estatales del pasado julio.