EL marco de una negociación poselectoral para una investidura puede resultar el marco propicio para encarar con pragmatismo el asunto territorial del Estado español o convertirlo en un problema enquistado por la visceralidad de los mensajes más enrabiados de los perdedores en las urnas. En todo caso, se trata de la antesala de enfocar el asunto en una de esas dos direcciones. El punto de partida de una decisión pragmática debería ser el reconocimiento de que el problema territorial existe por la incapacidad de convertir en una solución los mimbres del marco legal acuñado en la transición. En los últimos 45 años pudo haberse profundizado en la configuración de una realidad que diferencia la naturaleza de las sociedades y su materialización administrativa en nacionalidades y regiones, como constata la Constitución del 78. La dilución de las aspiraciones de las mayorías sociales de Euskadi y Catalunya en un modelo que forzó la simetría de las Comunidades Autónomas como mera herramienta administrativa no hizo sino profundizar en el error. De nuevo, aflora la oportunidad de encarar el asunto con pragmatismo o con dogmatismo, de evitar o determinar la dimensión de la fractura social consiguiente. La necesidad de contar con las fuerzas soberanistas de Euskadi y Catalunya para dar estabilidad a cualquier gobierno –y es importante incidir sobre el indefinido cualquier– es recurrente y la responsabilidad de las sensibilidades nacionales de vascos y catalanes ha servido a gobiernos de todo color. Aunque el ejercicio de esa responsabilidad ha sido desigual, como desigual ha sido la construcción del autogobierno en Euskadi y Catalunya a partir del liderazgo del PNV y de la desaparecida CiU, ante el desmarque y los obstáculos de la izquierda que se reivindica soberanista. Sánchez tiene ocasión de afianzar el espacio de confianza y colaboración; de convivencia y reconocimiento mutuo beneficioso para todos tomando el guante lanzado por el PNV y el Govern catalán. Enfrente, la inquietante fórmula de Núñez Feijóo y la derecha española de eliminar la capacidad de influencia de las mayorías sociales de Euskadi y Catalunya proponiendo una gran coalición al PSOE. Un escenario sin visos de concretarse pero revelador de la voluntad de dejar sin voz a las naciones del Estado.