ESTA semana se cumplen dos años desde el último pacto entre los Gobiernos español y vasco que fijaba el paquete de transferencias aún pendientes en las materias que estaban acordadas en el calendario o cronograma comprometido entre ambos ejecutivos. Veinticuatro meses –la mitad de una legislatura– sin que se haya reunido la Comisión Mixta de Transferencias se antoja un tiempo excesivo en un asunto de alta prioridad para Euskadi, que padece cuatro décadas con el Estatuto de Gernika aún incumplido en toda su potencialidad. No es de recibo este bloqueo que condena a la CAV a no poder abordar cuestiones y políticas sectoriales por falta de competencia y, por tanto, de la cobertura legal necesaria. Quedan aún nada menos que 27 competencias pendientes. En estos dos años no ha habido avances reales respecto al calendario de traspasos que el propio Consejo de Ministros aprobó y se comprometió a cumplir. Es más, la producción legislativa del Estado y la actitud del Gobierno español y sus ministros en los últimos tiempos suponen varios pasos atrás en el respeto competencial hacia Euskadi. Sin ir más lejos, la Ley de Vivienda que se pretende aprobar este mes y la Ley de Familias, así como otras futuras normativas previstas, contienen aspectos que, según han advertido diversas formaciones nacionalistas, podrían suponer una nueva invasión competencial, ahondando en el constante proceso de recentralización del Estado. Esta situación y la ausencia de diálogo efectivo más allá de buenas palabras por parte del Gobierno español es lo que ha llevado a la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, a denunciar la “uniformización” y la “pulsión recentralizadora” que está llevando a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez y –como hizo el domingo en la entrevista concedida a DEIA– a calificar a la administración española de “Estado okupa” al estar ocupando con sus leyes, así como su tutela sobre las normas vascas, el espacio de la legislación autonómica. Ya prácticamente en campaña electoral, el Ejecutivo de Sánchez encara la recta final de la legislatura como si el 28-M fuesen una primera vuelta de los comicios generales de final de año, atendiendo a sus propios intereses y olvidando, así, sus compromisos. La deriva recentralizadora puede darle votos en España pero corre el riesgo de perder apoyos y aliados en Euskadi.