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Zedarriak plantea un pacto con medidas “transversales” en materia de vivienda

El foro aboga por un pacto de naturaleza público-privada para dar soluciones al problema “estructural” del encarecimiento

Zedarriak plantea un pacto con medidas “transversales” en materia de viviendaBorja Guerrero

El acceso a la vivienda se ha posicionado como uno de los retos que afrontan las sociedades europeas, como la independencia energética, el uso de la Inteligencia Artificial o la lucha contra el cambio climático. Pero, a diferencia de estos últimos, requiere de actuaciones más urgentes, puesto que la dificultad para acceder a una vivienda ya está poniendo trabas a la cohesión social y la competitividad económica de Euskadi. Aunque consciente de que el problema “estructural” y de “emergencia” de la vivienda “no se resuelve a corto plazo”, el foro Zedarriak presentó hoy una estrategia “transversal” que, a partir de un espíritu de cooperación entre la esfera pública y el sector privado, permita dar soluciones que “no solo sean acordes al punto de vista del mercado, sino también a un enfoque de la vivienda como un asunto de derechos y de cohesión social”.

El séptimo informe del foro, constituido por distintas voces del mundo empresarial y universitario, aborda de manera específica el problema de la vivienda, después de haber hecho lo propio con, entre otros, la educación, la empresa o la migración. En el documento presentado ayer en Bilbao, Zedarriak hace un diagnóstico de la situación actual y lanza una batería de propuestas que, en un plano más concreto, aboga, entre otras cosas, por la creación de un fondo de capital riesgo con usufructo vitalicio o un consorcio vasco de la vivienda para una gobernanza cooperativa. El informe advierte de problemas como precios en alza, oferta insuficiente, desigualdades crecientes y brecha territorial y generacional. 

Así, el texto recoge que los precios “superan la capacidad adquisitiva de la mayoría de los hogres”, lo que está convirtiendo la vivienda en un “factor de precarización estructural”. Como consecuencia de ello, la emancipación de los jóvenes se bloquea, afectando a “la natalidad, la movilidad laboral y el dinamismo social”. Además, la falta de acceso asequible acentúa la “brecha social y de desigualdad”. Asimismo, se presentan diferentes retos, en diversos campos, que hacen “necesaria” la colaboración público-privada.

Entre ellos, el reto demográfico, con viviendas que necesitan ser readaptadas para una población cada vez más mayor y que requiere cuidados asistenciales. Además, está el reto climático, puesto que la mayor parte del parque actual no está diseñado para la eficiencia energética, y el reto territorial, puesto que la diferencia entre ciudades que crecen en población, con oferta insuficiente, y espacios rurales –que pierden habitantes- “amenaza la cohesión del país” y prolonga la desigualdad. “Si queremos ser potencia industrial, el talento laboral necesita soluciones habitacionales. El suelo industrial necesita también suelo residencial”, explicó Pilar Kaltzada, una de las portavoces de Zedarriak. La producción “insuficiente” de vivienda en Euskadi, junto a una capacidad financiera “limitada”, constituyen también barreras para la oferta. 

En este sentido, desde Zedarriak calculan en 43.000 las viviendas vacías en Euskadi, de las que 25.000 de ellas son susceptibles de ser movilizadas. Por ello, aboga por activar mecanismos como incentivos fiscales, garantías públicas o colaboración con empresas gestoras, de forma que se puedan movilizar en los próximos cinco años 10.000 viviendas. Además, propone reforzar los modelos de construcción industrializada y fomentar la rehabilitación de vivienda. En el plano financiero, Zedarriak propone la creación de un fondo de capital riesgo con usufructo vitalicio.

Se trata de una idea en la que este fondo, ya fuera de carácter público, privado o mixto, pudiera operar “en determinadas situaciones” y permitiría convertir patrimonio inmobiliario en liquidez sin pérdida del hogar para generar después oferta de alquiler. Un ejemplo de este caso lo podrían constituir personas que, ya en su último tramo de vida, vendieran la propiedad de su vivienda -siendo su principal fuente de patrimonio– a ese fondo mientras siguen habitando en ella. Después de su fallecimiento, esa misma vivienda pasaría a ser parte de la oferta de alquiler social o libre. El foro aboga por “no demonizar” a los fondos privados –sobre los que propone “orientar” su actividad en convergencia con las políticas públicas– al tiempo que censura con dureza la actitud y gestión de los llamados ‘fondos buitre’. “A los fondos de inversión hay que ponerles reglas, pero pueden ser parte de la solución”, explicaron.

El documento reconoce los avances del actual Plan de Vivienda del Gobierno Vasco, ya que, a su entender, “aborda muchos de los retos existentes”, pero subraya que la magnitud del reto obliga a desplegar una estrategia de país que combine “políticas públicas sólidas, colaboración público-privada y nuevos modelos de gobernanza”, entre los cuales figuraría un consorcio vasco encargado de unificar los marcos de actuación de las distintas administraciones implicadas.